Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que:
- Entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI.
- Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI.
- Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
"Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper-centralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios", analiza Idesa.
El Consenso Fiscal aspira a iniciar un proceso gradual tendiente a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios. Se trata de desafíos muy ambiciosos ya que obliga a trabajar de manera simultánea en descentralizar recursos, eliminar impuestos distorsivos y propiciar una administración más austera y eficiente de los fondos públicos, resume el centro de estudios.
"Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES", abunda.
Para Idesa, "el Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno. Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicíta que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido, queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política".
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