“Nosotros solamente detectamos inconsistencias”, responde Adolfo Bringas, director de Policía Fiscal. “La comunidad nos va a respetar solamente si percibe que perseguimos la equidad tributaria, es decir, que los impuestos se pagan de acuerdo a cómo la comunidad lo ha establecido y para todos igual”, manifiesta.
Para lograr el objetivo, una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo ayudó a desarrollar una matriz abierta y dinámica (instrumento estándar donde cada administración usa determinadas variables, según la realidad económica de su país) que vio la luz a fines del año pasado. Por el momento en Córdoba se trabaja con 22 variables (no descartan agregar otras a futuro).
Al fin primordial (eliminar la discrecionalidad de los casos a fiscalizar) se atan otros objetivos secundarios como propiciar el pago voluntario, la comprensión del mensaje que se le envía al contribuyente ante el problema (que entienda su situación y no tenga sorpresas) y facilitarle al máximo la vida al ciudadano (por eso todo está digitalizado y se trata de notificar vía domicilio fiscal electrónico).
¿Cómo funciona la matriz de riesgo fiscal?
Absorbe datos de distintos organismos (nacionales, provinciales y municipales) con los que Policía Fiscal tiene convenios de intercambio de información. “Trabajamos con informaciones financieras (que tiene el Banco Central), impositivas (que tiene AFIP), patrimoniales (que tienen los registros); también con lo que el contribuyente declara y paga de impuestos. Estos datos se cruzan y procesan de manera tal que pueden arrojar inconsistencias”, explica Bringas.
Es con esta herramienta que los 220.000 contribuyentes de ingresos brutos, convenio multilateral y sellos de la provincia son categorizados como de riesgo bajo, medio o alto (actualmente el 40% no está en regla).
A partir de allí se definen las estrategias de fiscalización, que son tres:
- Simplificada (se le pide al contribuyente información porque se detectaron inconsistencias y solamente se requiere la rectificación)
- Agravada (proceso más complejo donde se le indica cómo debería haberse conducido y se lo invita a regularizar su situación)
- Integral (se le comunica que se le hace un proceso integral de auditoría porque se detectaron inconsistencias importantes; generalmente son empresas de gran envergadura y suman unos 1.500 casos por año).
Resultados
A fines de 2019 está previsto un balance de resultados, aunque Bringas reconoce que hay elementos que no se pueden medir. “A la conducta tributaria no hay forma de medirla desde el punto de vista de la recaudación ya que en el pago de impuestos influyen muchos factores, no solamente nuestro accionar; pero sí tenemos mediciones de las respuestas de la gente y notamos un buen nivel de adhesión a la fiscalización que estamos haciendo los técnicos”, sostiene.
Es solo el primer paso
La enorme cantidad de datos con los que trabaja, obliga a Policía Fiscal a tener una capacidad de análisis superior. Por eso recientemente invirtió US$ 100.000 en la compra e implementación de tecnologías de última generación (utilizadas en Chile y Méjico). “Vamos a aplicar conceptos como machine learning y en una segunda etapa, inteligencia artificial; lo que permitirá que los técnicos puedan multiplicar la cantidad de análisis”, adelanta Bringas.
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