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Quizás está bueno endeudarse con los jubilados… pero habría que decirlo claramente

Los cálculos de Idesa son alarmantes: cada jubilación otorgada sin aportes supone un compromiso fiscal de unos US$ 90.000.  Eso, multiplicado por 3 millones de jubilados con las moratorias, da la friolera de US$ 90.000 millones, 60 veces lo que estamos discutiendo con los fondos buitres.

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Dice Idesa: la deuda pública generada con las moratorias equivale a aproximadamente el 19% del PBI.  Estos datos surgen de estimaciones muy aproximadas y llevan la deuda pública total registrada en la actualidad a US$ 213.000 millones (incluyendo la deuda defaulteada que no entró a los canjes, de los cuales una parte corresponde a los fondos "buitres”). Esto es equivalente al 44% del PBI, pero si se contabilizara la deuda no registrada de las moratorias, el endeudamiento del sector público nacional aumentaría al 63% del PBI, muy por arriba del ratio del 54% de 2001, cuando se decidió ir al default.

“Las moratorias producen daños y compromisos a futuro mayores que los fallos del juez Griesa. Distribuir de manera indiscriminada jubilaciones sin aportes es un mecanismo extremadamente rudimentario que no resuelve el problema de la baja cobertura previsional. Aporta apenas un paliativo transitorio (prueba de ello es que el Congreso está tratando una nueva ley), parcial (con la primer moratoria muchos adultos mayores pobres no accedieron a una jubilación) y promueve un enorme despilfarro de recursos públicos (la mayor parte del gasto beneficia a la burocracia, los gestores y a gente de clase media y alta)”, analiza Idesa.

“El problema de fondo de la baja cobertura previsional es la alta informalidad y la inactividad laboral. Por eso, la prioridad es promover la creación masiva de empleos de calidad, para lo cual es imprescindible transformar las instituciones laborales y tributarias, eliminar los incentivos a no trabajar 'en blanco' que generan los programas asistenciales (incluidas las moratorias) y promover una política fiscal más responsable”. 

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