Desde el 2018 se vienen reuniendo casos de distintos clientes de una empresa que comercializa casas prefabricadas que finalmente denunciaron por hechos de defraudación y fueron receptadas por la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la Dra. Valeria Rissi.
“Se trata de una empresa que opera con los nombres de fantasía Corhouse o Megacasa, pero que no cuenta con una razón social, sino que opera comercialmente con la CUIT de su dueña, Liliana Ester García, que con la ayuda de su hijo, Francisco Meilij, llevaron adelante una estafa que perjudicó a, por lo menos, una treintena de personas”, explica el abogado representante de los damnificados, Justiniano Martinez Yadarola, de MW & Asociados.
¿Cómo operaban?
“La empresa ofrecía viviendas tipo “premium” a sus clientes a precios competitivos. Ante el primer contacto con el cliente, un vendedor se comunicaba diligentemente con ellos para definir la tipología, modo de pago, plazos, etc. Al principio la empresa se mostraba siempre eficiente y disponible para evacuar cualquier consulta del cliente. Una vez determinadas las condiciones de contratación, le requerían al comprador el pago del 50% del monto total, siempre en efectivo otorgando recibos irregulares, procediendo luego a la firma de un contrato ambiguo y leonino. Una vez que el cliente pagaba este anticipo comenzaba el suplicio”, relata Martínez Yadarola, y sigue: “Los vendedores ya no atendían los teléfonos ni devolvían las llamadas, los empleados comenzaban a desligarse de las operaciones y hasta llegaban a modificar sus supuestos roles dentro de la empresa, incluso cambiando sus números telefónicos que de un momento para otro aparecían desconectados”.
Demoras en las entregas que, cuando se hacían difíciles de sostener, llegaban nuevas promesas. “Le requerían a los compradores que abonaran sumas descomunales en concepto de pago de flete que superaba, en oportunidades, más de diez veces el costo normal de mercado. Lo cierto es que verbalmente acordaban un monto razonable para el transporte, dado que se encontraba estipulado en el contrato que este sería a cargo del cliente, aun cuando al comienzo del contrato se informaba que el monto descrito era inclusivo de todos los costos. Allí comenzaban las amenazas al estilo de “si no pagás me voy a encargar de que no recibas la casa nunca más” o en casos en que los compradores ventilaban la situación en redes sociales el mismo Francisco Meilij se comunicaba intimidatoriamente y los instaba a eliminar los comentarios con la misma amenaza de no entregar la vivienda”, describe el letrado.
“En los casos en que se cedía ante la extorsión y se abonaba el costo extraordinario de transporte, la empresa procedía a descargar la casa, que en ningún caso correspondía con lo descripto en la contratación”, afirma. Aparentemente por este motivo, desde la empresa no permitirían controlar el contenido de la carga del camión (antes de recibir el pago y descargar). Y allí comenzaba una nueva odisea para los clientes: se encontraron con materiales de calidad muy inferior a la prometida y con un armado extremadamente precario, que concluía luego con humedades, roturas, sectores fuera de escuadra entre otras falencias de construcción que hacían que “la vivienda fuera absolutamente inhabitable”, en palabras de los propietarios. Así concluían la comunicación con el cliente.
La Fiscalía hizo escuchas telefónicas de los imputados. “Se escucharon frases como “Ahora lo importante es meterle el perro al cliente” o “¿Sabés hace cuánto me dedico a robarle a esta gente?”, describe Yadarola.
En 2021 la Fiscal Valeria Rissi, luego de investigar más de 18 meses, determinó que existían elementos de prueba suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio. Los imputados, por su parte, realizaron una oposición formal para impedir el avance de la causa. Desde el estudio Martínez Wehbe & Asociados se realizó una presentación impugnando los dichos de la defensa y apoyando la decisión de la Fiscalía de Delitos Complejos, aportando todos los elementos posibles a la causa. El pasado 7 de septiembre de 2022, el Juzgado de Control y Faltas Nº 7, en una detallada resolución de más de 50 páginas, se pronunció rechazando en su totalidad la oposición a la elevación a juicio, confirmando el requerimiento de la Fiscalía.
“Desde el día de la notificación de la resolución, los imputados cuentan con cinco días hábiles para apelar el decisorio, pero confiamos en que aun apelando la decisión del Juez de Control, no existen fundamentos que puedan esgrimirse que justifiquen de forma alguna las contundentes pruebas recabadas por la Fiscalía y las aportadas por MW & Asoc, y el terrible daño que los imputados le han infligido a sus víctimas y a la sociedad”, concluye el abogado.
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