Alberto y su vergüenza de Buenos Aires: ahí se gasta el 20% de los recursos nacionales y vive el 7% de los argentinos

El presidente de la Nación señaló que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es maravillosa pero que lo llena de culpa el contraste entre su opulencia y el atraso que sufre el interior del país. Las evidencias confirman que las brechas de desarrollo son muy altas, avalando la necesidad de gobernar con otra lógica. En ese contexto aparece el proyecto de ley de “Capitales Alternas de la República Argentina”.

Se propone declarar a varias ciudades del interior de las provincias (no a las capitales de provincia) como sedes de reuniones periódicas de funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones representativas de la sociedad civil. En dichas reuniones se identificarán las demandas de la sociedad y se coordinarán las políticas públicas necesarias para atender dichas demandas. También está previsto que los organismos del sector público nacional puedan relocalizarse o instalar delegaciones en las capitales alternas.
 

¿La extensión de la burocracia estatal nacional a ciudades del interior es una vía eficaz para acortar las brechas de desarrollo? Para indagar en las respuestas sirve observar cómo se asignan los recursos fiscales nacionales. Según datos del Ministerio de Economía correspondientes al año 2019 se observa que:

• El Estado nacional administra recursos fiscales por 22% del PBI.
• El 20% de esos recursos nacionales se gastan en la Ciudad de Buenos Aires.
• En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive solo el 7% de la población.

Estos datos muestran que, considerando su población, en CABA se gasta una parte desproporcionada de los recursos fiscales nacionales. Parte se explica porque la burocracia que sostiene el Estado nacional está mayoritariamente localizada en la Capital. Pero la concentración se potencia porque con recursos nacionales se subsidian los servicios públicos que consumen los habitantes de CABA (electricidad, agua, gas, transporte) y se dan servicios que en el interior están a cargo de los niveles locales (justicia, seguridad).

El origen del problema es que la Nación acaparó el grueso de las potestades para cobrar impuestos y, de lo que recauda, una parte menor se distribuye de manera automática a las provincias. Más precisamente cobra impuestos a toda la población argentina por el equivalente al 24% del PBI y distribuye de manera automática solo 8% del PBI. Al 16% del PBI que se apropia, se le agrega que tiene el monopolio de la emisión de dinero. Al no estar federalizado el Banco Central, el gobierno nacional puede financiar los excesos de gasto con emisión monetaria. Esto es lo que le permite manejar los 22% del PBI de recursos fiscales que direcciona de manera desproporcionada en favor de la Capital.
 

En CABA se concentran recursos fiscales y poder de decisión generando magnetismo en el sector privado. La mejor infraestructura, los servicios subsidiados y la cercanía al poder inducen a las principales y más competitivas empresas del país a ubicar sus sedes administrativas centrales en CABA. Aun cuando sus explotaciones están en el interior, como ocurre con las energéticas de la Patagonia, las alimenticias de la pampa húmeda y Cuyo y las mineras del norte. En el sector financiero esta lógica se potencia. La concentración de recursos fiscales y la migración del sector privado más competitivo del país a CABA es lo que la transforma en una opulenta ciudad y degrada al interior.

La propuesta presidencial es que funcionarios nacionales viajen periódicamente al interior a visitar las capitales alternas. En el mejor de los casos es un acto simbólico. Es igual de inconducente que mantener el actual esquema de concentración de recursos fiscales en el Estado nacional, pero aumentar la “generosidad” con el interior prometiendo más obras o partidas de programas nacionales que se solapan con funciones provinciales. Para que el interior se desarrolle hay que eliminar la coparticipación y devolver a las provincias potestades para cobrar impuestos a fin de que se autofinancien. En paralelo, crear un fondo de convergencia, financiado fundamentalmente por la “opulenta” CABA, para acelerar el desarrollo del norte del país.