“Si bien la corrupción es un tópico muy vigente en la actualidad, tanto por sus efectos en el sector público, como en el sector privado de la economía, existe una perspectiva global sobre este tema que se entrelaza con la dinámica local, exponiendo a las organizaciones a múltiples riesgos que solo pueden ser administrados de manera efectiva desde un nuevo marco de trabajo, basado en prácticas y procedimientos de lo que llamamos Compliance”, explica Fernando Peyretti consultor senior experto en auditoría forense y temas anti-corrupción del departamento de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO Argentina.
La firma realiza todos los años estudio sobre fraudes en empresas y este año incluyó a 402 ejecutivos de empresas y organizaciones radicadas en Argentina, ocupando cargos de dirección, CEOs, directores de auditoría, Compliance Officers y gerentes de RRHH, entre otros. La encuesta abarcó a todas las industrias (42% a compañías es origen nacional y el 29,8% a subsidiarias locales de empresas multinacionales).
En el país la figura de cohecho está contemplada en el Código Penal, pero en el mundo existe una batería de normas que sancionan específicamente los sobornos. En EEUU (U.S. Foreign Corrupt Practices Act -FCPA -); Europa (La The Bribery Act en Inglaterra), o la Ley Anticorrupción en Brasil o más recientemente en Colombia.
Todas estas normativas penalizan el soborno a funcionario público por parte de empresas que cotizan en bolsas de sus países. La cuestión parece lejana pero el impacto -económico, penal y en materia de reputación- puede estar a la vuelta de la esquina
“Una empresa argentina que evalúe cotizar en la bolsa de Brasil, debe saber que si hay cohecho en cualquier país, será sancionada en Brasil. Hay una complejidad normativa que genera un riesgo regulatorio que pueden afectar la capacidad de las compañías para realizar negocios así como el riesgo de cumplimiento, entendido como la capacidad de controlar y sancionar por parte de las autoridades”, dice Peyretti en diálogo con InfoNegocios.
Las leyes anti-soborno aplican para terceros. “Van más allá de quién fue sino si estaba haciendo trabajos en representación de la compañía”, indica.
Lava-jato en Brasil con impacto en Córdoba
Precisamente en este caso, el asesor y publicista Joao Santana fue detenido ayer bajo el régimen de prisión temporaria, luego de que la policía brasileña pusiera el foco sobre depósitos por US$ 3 millones a su nombre y la compra de un departamento en San Pablo con dinero recibido de manera ilegal del conglomerado de ingeniería Odebrecht SA, ligado a la causa por corrupción en Petrobras. Odebrecht es la ganadora de una parte de los gasoductos troncales en Córdoba.
Santana trabajó para el Partido de los Trabajadores (PT) en las campañas electorales de la Presidente Dilma Rousseff de 2010 y 2014 y en la del expresidente Lula Da Silva, en 2006. También de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
En Córdoba trabajó para las campañas de De la Sota desde 1999, cuando “el gallego” le arrebató la gobernación al radical Ramón Bautista Mestre. Además, se le atribuye haber participado de "la campaña del miedo" que promovió la candidatura de Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales, aunque el propio publicista lo negó.
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