¿Ganás más de $ 15.000 al mes? No deberías quejarte, estás en el 20% de los mejor remunerados

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) elaboró un informe en el que analiza los datos sobre la distribución personal del ingreso referida a los grandes aglomerados urbanos que relevó el Indec con la Encuesta Permanente de Hogares.

Idesa advirtió que el informe del Indec confirma que la desigualdad en la distribución personal de los ingresos es persistente y que las políticas tradicionales –como reapertura de paritarias,  bono de fin de año o exenciones en Ganancias– no aportan soluciones, ya que la mitad de los ocupados cobra menos del salario mínimo legal y se desempeñan en la informalidad. Además, señaló que  la revisión de las estadísticas confirma la permanencia de la desigualdad.

En el 30% de los hogares de menores ingresos habita el 42% de la población, que recibe sólo el 16% de los ingresos urbanos totales. En el otro extremo, en el 10% de los hogares de más altos ingresos, habita el 6% de la población, recibiendo el 23% del total de los ingresos urbanos.

“El fenómeno responde a múltiples factores. Uno, no trivial, es el tamaño de las familias. Mientras que en el 30% de los hogares de menores ingresos el tamaño familiar promedio es de 4,3 miembros por hogar, en el 10% de mayores ingresos es de apenas 1,9. Otro factor relevante es la capacidad de generación de ingresos laborales de sus miembros”, reveló el informe de Idesa.

El Indec también publicó la distribución de los ingresos según la ocupación laboral principal de los miembros de estos hogares. Según esta fuente, se observa que: el 50% de los ocupados obtiene en su ocupación principal remuneraciones inferiores a los $8.000 mensuales. El 30% que le sigue obtiene remuneraciones entre $8.000 y $15.000 mensuales. El 20% de mayores ingresos obtiene valores superiores a $15.000 mensuales.

“Estos datos muestran las enormes brechas que se presentan en el mercado laboral. La mitad de los ocupados no alcanza a generar en su ocupación principal remuneraciones que lleguen al nuevo salario mínimo legal (recientemente fijado en $8.060). Sólo un quinto de los ocupados tiene remuneraciones superiores a $15 mil, valor que es la mediana de remuneraciones de los trabajadores asalariados registrados, lo que evidencia que gran parte de la desigualdad en la distribución de los ingresos se genera en las diferencias de remuneraciones entre los trabajadores formales e informales”, advirtió Idesa.

El análisis  también enfatizó que “la informalidad está fuertemente asociada a muy bajos niveles de productividad. A esto contribuye la insuficiente formación de la gente y un entorno que discrimina a los pequeños emprendimientos”.

“Para las empresas más chicas es difícil acceder al financiamiento productivo, sufren más intensamente las deficiencias de la infraestructura y tienen menos medios para lidiar con regulaciones complejas y burocráticas. Aquí se destaca la alta carga financiera y administrativa derivada de la superposición de impuestos que golpea peor a las empresas más chicas. Un fenómeno análogo ocurre con la legislación laboral y los convenio colectivos. El resultado es que sólo las empresas grandes y modernas operan en la formalidad. El resto, por tener niveles de productividad bajos, usan el incumplimiento de las normas como principal estrategia de sobrevivencia”.

A partir del análisis de las estadísticas del Indec, Idesa sostiene: “Es baja la eficacia de las políticas que priorizan los controles, como la policía del trabajo. También es mezquino el impacto de las tradicionales negociaciones entre el Estado nacional, los grandes empleadores y los sindicatos centralizados. Al quedar excluidos los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos, naturalmente sólo se generan beneficios para la elite formal. Testimonio de ello son las propuestas de reapertura de paritarias, bonos de fin de año y exenciones del impuesto a las ganancias que benefician sólo a los trabajadores de más altos salarios”.

También considera que la nueva Ley Pyme “es un avance, pero para empresas de cierto porte, que no es donde se concentra la informalidad masiva”.

 En igual sentido, el proyecto de ley de Primer Empleo –que sería muy positivo que el Congreso lo aprobara– también va en el sentido correcto, aunque limitado a empresas con cierta capacidad administrativa. Para aspirar a un proceso de formalización masiva se requiere mucha más innovación y audacia. Aquí aparece como el instrumento más apropiado un estatuto especial para micro-empleadores que los excluya de las normas tributarias y laborales generales.