Dice Idesa en su informe semanal:
Ante las evidencias de irregularidades en la masiva distribución de pensiones sin aportes por invalidez, el gobierno inició un proceso de revisión que generó mucha polémica. Cuando se otorga una pensión a quien no es inválido automáticamente se lo condena a la dependencia crónica del asistencialismo ya que tiene prohibido trabajar en la formalidad. En lugar de suspender la revisión, lo pertinente es mantenerla pero acompañada de instrumentos más eficaces de inserción laboral.
Las pensiones no contributivas por invalidez son prestaciones que se les otorga a personas que no realizaron aportes a la seguridad social, presentan un grado de discapacidad laboral superior a 76% y no disponen de ingresos o bienes que permitan la subsistencia de su grupo familiar. Se tramitan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional y para obtenerlas se requiere un Certificado Médico Oficial expedido por un profesional de hospital público. Son incompatibles con un empleo formal, tanto asalariado como por cuenta propia.
Entre los años 2000 y 2015 se otorgaron más de un millón de estas pensiones. El grueso de este aumento se dio entre los años 2009 y 2014 cuando se incrementaron a razón de 130 mil por año. Actualmente, las personas subsidiadas con una pensión sin aportes por invalidez laboral representan el 2,6% de la población total.
Al considerar la distribución de pensiones por provincias se puede indagar sobre manejos discrecionales en su asignación y también sobre su impacto en el funcionamiento del mercado de trabajo. Según información del Ministerio de Desarrollo Social se observa que:
- En 3 provincias (Santiago, Formosa y Chaco) el 8% de la población recibe una de estas pensiones por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es del 41%.
- En las 9 provincias que le siguen el 5% de la población recibe una pensión sin aportes por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es de 29%.
- En las 12 provincias de menor incidencia de estas pensiones el 2% recibe una pensión por invalidez y la tasa de inactividad laboral es de 24%.
Estos datos confirman las sospechas sobre discrecionalidad y fraudes. No hay una conformación de la población tan diferente como para justificar provincias con tasas de invalidez 4 veces superior a otras.
Por otro lado, que en la mitad de las provincias entre el 3% y el 8% de la población tenga una incapacidad laboral por impedimento físico sólo podría explicarse por catástrofe natural o una guerra, considerando además que a estas personas hay que sumarles los inválidos laborales que reciben pensiones contributivas. No habiendo mediado ninguno de estos factores, es claro que las pensiones por invalidez, al igual que muchos otros programas asistenciales, fueron administradas de manera rudimentaria y con escaso apego al cumplimiento de las normas.
Pero, además, los datos muestran una estrecha asociación entre proporción de la población que cobra pensión por invalidez y la incidencia de la inactividad laboral. Es decir, a mayor tasa de pensiones sin aportes por invalidez, mayor tasa de inactividad laboral. Esto reflejaría que se procuró beneficiar con la distribución discrecional de pensiones sin aportes a las zonas más postergadas donde prevalecen bajas tasas de actividad laboral. Pero la realidad es que se contribuyó a perpetuar la pobreza y el atraso. Al otorgarle una pensión por invalidez a una persona que puede trabajar, además de inducirla a cometer un ilícito, se la condena a perpetuidad a no poder ingresar a la formalidad laboral. El Estado, en lugar de apoyarlos para que tengan la oportunidad de ser artífice de su propio progreso en base a su trabajo, promueve la ilegalidad y la dependencia crónica del asistencialismo. Seguramente que esta estrategia genera dividendos electorales a sus ejecutores, pero es a costa del atraso y la pérdida de dignidad de las personas.
Más allá de los errores cometidos por el actual gobierno, el proceso de revisión de las pensiones no debe desactivarse. Previamente es fundamental diferenciar situaciones y diagramar políticas acompañantes. Para las personas que no son inválidas pero están en situación de vulnerabilidad social es necesario poner a disposición otros programas que faciliten el acceso a un empleo asalariado o como cuenta propia. Para quienes sufren una invalidez, repensar las reglas y las formas de constatación que permitan una razonable evaluación de su situación socioeconómica.