Después de más de ocho horas de intenso debate en la Audiencia Pública en la que se puso en consideración el estudio de impacto ambiental del Distrito Las Artes, el megaproyecto de la desarrollista Corporación América, propiedad de Eduardo Eurnekian, se resolvió suspender el encuentro para el próximo 24 de este mes a las 9, nuevamente en el Salón de Actos de esa casa de estudios ya que no hubo tiempo para que dieran su parecer los 211 inscriptos.
El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, durante su exposición, adelantó que presentará un proyecto para que se declare al predio del ex-Batallón 141 de Utilidad Pública y sujeto a expropiación.
También dijo que el artículo 68 de la ley de Ambiente 10.208 habilita una Consulta Popular cuando se trata de obras de esta magnitud.
El exconcejal del olguismo Miguel Siciliano, por su parte, también sumó su voz negativa a la iniciativa de Corporación América y señaló que la “inseguridad no se combate con un proyecto urbanístico”.
Por su parte los sindicalistas, Rubén Urbano y José Chavarría dieron su visto bueno a la iniciativa por los miles de puestos de trabajo que se generarán de manera directa e indirecta.
Urbano señaló que no quiere un “lindo pulmón verde lleno de gente sin trabajo”.
En tanto, la defensa de la desarrollista estuvo a cargo de Eduardo Mondino, elegido como blanco de críticas de varios de los oradores.
En diálogo con Infonegocios, Mondino destacó: “Hay un sector que está jugando en términos políticos” y reiteró que “las normas están del lado de este emprendimiento y es lo que tiene que primar”, indicó. Esa fue la idea central de su argumento durante la audiencia.
Los arquitectos Gabriel Arabean y Martín Bodas de Corporación América hicieron hincapié en que se trata de un “barrio abierto” que se integrará a la ciudad.
Otras opiniones que apoyaron la iniciativa de Corporación América también destacaron la posibilidad de miles de puestos de trabajo, la revalorización del sector y la posibilidad de que la zona se torne más segura.
Las voces en contra se centraron en la pérdida de 23 hectáreas espacios verdes (NdE: las cuales no son de acceso público desde hace 80 años), el colapso de tránsito y la “sepultura de un espacio de la memoria”, ya que en ese lugar “ocurrieron delitos de lesa humanidad que se cometieron tanto en 1960 como en 1976”, señaló la historiadora Karina Villafañe, en alusión al Plan Conintes.
Sebastián Viqueira que representa a un grupo de vecinos dijo que si el dictamen de Ambiente habilita el emprendimiento lo impugnará en sede administrativa y, tal como publicamos semanas atrás, no descarta una acción de Amparo para pedir poner freno a la obra.
“No son cordobeses”
Carolina Barros, vocera de la desarrollista, en diálogo con Infonegocios, se mostró sorprendida porque una de las principales críticas al proyecto fue que no lo lleva adelante una empresa de Córdoba.
Este medio, presente durante prácticamente todo el proceso de la audiencia, puede afirmar que se escucharon pocas voces con argumentos fundados en razones técnicas tanto para manifestar su apoyo como su rechazo.
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Desde lo urbanístico el proyecto se niega al entorno y no se condice con la particular forma de hacer ciudad y de apropiarse de la misma que tienen los cordobeses. Es necesario replantear la propuesta aunque resulte oneroso en todo sentido.