El gasto público en jubilaciones junto a un eventual cambio en la fórmula de actualización de haberes, los aumentos de tarifas para reducir los subsidios a la energía y el transporte, así como la liquidación de dólares del campo con el fin de la sequía serán tres de los principales ejes del programa económico que contribuirán a cumplir o no con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el comunicado del organismo, se revela como parte de los "entendimientos claves" que las autoridades de la Argentina planean "preservar el valor real de las pensiones y jubilaciones y ampliar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones".
Luis Caputo, el ministro de Economía que negoció durante más de un mes la séptima revisión del programa con el Fondo, señaló en conferencia de prensa que la fórmula de actualización de haberes es "perjudicial" para los jubilados porque "no los protege".
El funcionario recordó que solo con los bonos se mejoró una parte del poder adquisitivo ($ 55.000 para los que cobran la mínima, por sobre los $ 105.000 que arroja la fórmula de movilidad previsional) y prometió: "No vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados".
Cómo será el ajuste de Javier Milei
No obstante, lograr eso será una verdadera proeza, cuando el gasto en seguridad social representó alrededor del 42% del total del Estado nacional en 2023, de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto. Es decir, un ajuste equivalente a 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) o casi 30.000 millones de dólares -de un déficit fiscal primario de 3% a un superávit del 2%- tendrá que recortar gastos en jubilaciones o reforzar el achique en otras áreas, además de sumar ingresos por el lado de los impuestos al comercio exterior.
Hasta el 28 de diciembre del año pasado se habían devengado unos $ 16,2 billones para este fin, de los cuales $ 1,6 billones corresponden a asignaciones familiares y el resto a la atención del régimen general, las ex cajas provinciales y pensiones no contributivas, entre otros.
Si el Gobierno no toca las jubilaciones, tendrá que reforzar el achique del peso del Estado nacional en la economía con otros sectores
Es bien sabido, también, que una parte central del achique del peso del Estado en la economía vendrá con una reducción de 0,7 puntos porcentuales del Producto en los subsidios económicos, según lo anunciado por Economía en diciembre, con aumentos de las tarifas de luz y gas a nivel nacional, y de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tras los procesos de audiencias públicas, el precio del gas treparía escalonadamente desde los u$s 0,70 por millón de BTU actuales hasta u$s 4,10 en abril, mientras que hacia febrero un pasaje de colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires costaría unos $ 270.
Los subsidios energéticos fueron 1,5% del PIB en 2023, la mitad del déficit primario de 3%, dijo Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía.
Para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, la meta de llevar el resultado fiscal a un superávit primario de 2% es "súper ambiciosa", por una cuestión de "viabilidad social, política y porque creemos que la recesión va a ser fuerte" y eso afectará la recaudación tributaria, además de alterar la paz social.
Por el lado de la acumulación de dólares en las reservas del BCRA, Santiago Manoukian, jefe de Research de Ecolatina, puntualizó: "Creemos que la meta de los u$s 10.000 millones es factible, pero no manteniendo el esquema cambiario actual", que estipula una devaluación del 2% mensual frente a cifras de inflación que corren por encima del 20% en los primeros meses de 2024.
Para eso será clave el ingreso de unos 15.000 millones de dólares extra del campo y la sustitución de importaciones y la suba de exportaciones de energía y minería por u$s 5000 millones, con un rol central del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, recordó Sigaut Gravina.
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