Otro sector presentó acciones judiciales contra el DNU 70/2023. Al reclamo de los farmacéuticos, se sumó la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que representa a más de 5000 agencias de viajes y presentó un amparo para pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto, específicamente, el punto que deroga el régimen general de los agentes de viajes, enmarcado en la ley 18.829.
La entidad alertó sobre los riesgos de desregular al turismo, lo que alentaría la creación de empresas truchas y el aumento de estafas a pasajeros por parte de operadores a los que no se les exigirán requisitos económicos ni financieros para funcionar. En ese sentido, las empresas advierten sobre el peligro que implica la desprofesionalización de la actividad, permitiéndole a cualquiera vender servicios.
"Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector", afirmó el presidente de Faevyt, Andrés Deyá.
Los operadores desconfían de que, retirándose el Estado del control, el mercado se autoregulará. Deyá sostuvo que "la desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros".
En ese sentido, Deyá remarcó que "esta situación habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios, que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad".
Asimismo, la entidad adelantó que trabaja en la consolidación de su sello de calidad así como en otras herramientas que le darán aún más solidez y seguridad al reclamo y al funcionamiento de empresas de viajes y pasajeros.
"Somos uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina. Hay más de 5000 agencias registradas en todo el país, son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los consumidores. Por eso, avanzamos con este amparo solicitando que la medida se declare inconstitucional", resaltó Deyá.
Días atrás, los operadores manifestaron su preocupación por el DNU. El anterior Gobierno recibió en 2023 más 5000 denuncias mediante los canales habilitados para informar infracciones y se aplicaron 23 sanciones y multas por más de $ 244.169.149 millones entre lo dispuesto por las autoridades del sector y la Justicia. Sumando los datos del ex Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, la cifra supera los 10.000 reclamos a nivel nacional. Y, si se tienen en cuenta datos provinciales, la lista es innumerable, apuntan en la industria, con miles de incumplimientos por localidades.
Según datos de la ex cartera de Turismo, el año pasado se dieron de baja 285 firmas del registro oficial de la Dirección Nacional de Agencias, incluyendo a las que no se les renovó la licencia después de caducar y las que fueron canceladas como sanción. Desde el organismo que dirigía antes Matías Lammens aclararon que tras una depuración realizada en los años anteriores, en 2023 se redujo un 50% el número de bajas con respecto a 2022. Hoy, en el país existen 5410 agencias de viajes registradas.
El año pasado, varias estafas cobraron relevancia. El más relevante fue Turismo Felgueres, con una defraudación estimada en u$s 18 millones y más de 3500 damnificados. La agencia es investigada por vender paquetes truchos para Egipto y Turquía, entre otros destinos, dejando varados a miles de argentinos desde Semana Santa, sin una respuesta y con su dueño, Mario Gerardo Berra Rojo, prófugo.
Otro caso fue "Sin Escala", agencia de la ciudad bonaerense de Dolores, denunciada por cientos de clientes luego de que sus paquetes, comprados a precios por debajo del valor del mercado, fueron cancelados y su dinero no fuera devuelto. El local donde operaba fue puesto en alquiler y su dueño, Ángel Manuel Cerillano no pudo ser localizado.
En lo que se refiere a viajes de egresados, London Travel fue inhabilitada a operar y salió del registro oficial tras recibir cientos de denuncias por estafa y afrontar una multa de $ 1,3 millones. También estuvo bajo la lupa Travel Rock, otra compañía que, a cada tanto, recibe denuncias de padres por incumplimientos en la letra chica de los contratos.
Por eso, en la industria hacen hincapié en que tener un certificado que los legitime como empresa de viajes registrada da respaldo. "Nos distingue de cualquiera trucha y que la gente se vea estafada. Mantener un legajo es importante para dar garantía, principalmente al pasajero. Es similar a cuando uno va a una inmobiliaria y tiene la tranquilidad de un martillero idóneo que la respalda", argumentó Martín Romano, CEO de Atrápalo.
"Llama la atención que la ley de agente de viajes forme parte de un DNU que contiene transformaciones profundas. Se entendía si se hubiera dado dentro de una desregulación profesional de fondo que incluyera también a otros rubros, como escribanos y martilleros, por dar un ejemplo. El legajo y el registro son símbolos de confianza", consideró Fabricio Di Giambattista, CEO de Columbia Viajes.
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