Desde un inicio, todo alrededor de este proyecto fue polémico. Sin dudas que mucho tuvo que ver la pelea política de turno, pero hay cuestiones que van más allá y sobre las que poco se ha explicado.
Primero fue el precio de venta que fijó la Provincia durante la gestión de José Manuel de la Sota, que según se publicó en junio de 2007 fue de $ 103 millones (de aquel entonces) por las 22,3 hectáreas del ex Batallón 141. Hubo entonces denuncias del juecismo y el olguismo diciendo que ese monto fue apenas un tercio del valor de mercado.
Luego fue la decisión del exintendente Juez -por entonces peleado con De la Sota- de no cambiar el uso del suelo del predio y mantenerlo como reserva natural. Después vino Giacomino que fracasó con su intentona de rubricar un convenio público-privado y finalmente fue Mestre - en enero de 2013- quien lo concretó, permitiendo que allí se hicieran viviendas en altura.
El convenio urbanístico fue cuestionado porque se dijo que la plusvalía (de casi $100 millones) estaba mal estimada. Sin embargo la cuestión siguió, y avanzó el proyecto para construir casi 447.000 m2 y 3.400 viviendas (en condominios de 6 pisos), oficinas, un supermercado y un centro comercial.
El compromiso de la empresa fue construir una planta depuradora de líquidos cloacales y el de la Muni determinar el lugar y enviar los planos para construirla. Pero esto nunca ocurrió, pese a que tenía 60 días hábiles para hacerlo.
Ante el pedido de informes de concejales opositores presentado en 2014 recién el año pasado desde el Palacio 6 de Julio contestaron que "no se pudo hacer la planta porque (entre los empleados municipales) no había personal técnico idóneo" para hacerla.
Una historia de polémicas que desemboca en un mar de incertidumbre
La cuestión siguió hasta que el 28 de abril, en los diarios Hoy Día Córdoba y La Mañana de Córdoba se presentó la convocatoria a audiencia pública previa al arranque del proyecto.
El apuro, quizás, hizo que la audiencia se realizara un día antes de lo que marca la ley y las quejas fueron tales que -se rumorea- fue el propio Schiaretti quien dio la orden a la Secretaría de Ambiente provincial que ampliara la convocatoria para una nueva audiencia el 14 del mes próximo. Desde entonces, los vecinos del sector se están congregando para tratar el tema.
"Estamos muy preocupados por el impacto ambiental de la obra, tal como está planteada no es sustentable y va a afectar a los vecinos. La empresa ha dicho que la población del emprendimiento será equivalente a los 5 barrios que están alrededor", explica a InfoNegocios Sebastián Viqueira, uno de los vecinos que estuvo en la concurrida reunión que anoche se realizó en el club Acic (José Javier Díaz 750, en barrio Jardín).
Viqueira -abogado de profesión- admite que ante la falta de información que ha brindado hasta aquí la municipalidad una de las alternativas es realizar una presentación judicial.
"Acá van a vivir 12.000 personas más en 5 años, habrá un centro comercial y un supermercado y no hay plan energético, ni de cloacas ni de movilidad. La incertidumbre es total", amplía angustiado.
Hay otros vecinos que quieren que las obras arranquen cuanto antes porque el lugar se ha convertido en un gran basurero. "Creo que dejaron degradar la zona a propósito para que después el proyecto se vea como una salvación", comenta al respecto el exconcejal riutorista Miguel Siciliano, que vive cerca del lugar y participa de esos cónclaves.
Lo cierto es que pese a haber un convenio firmado (Ordenanza 12.148) que obliga a Corporación América a construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales en el sector Sur-Este, por un valor $ 96.702.382 - que a valores actualizados rondaría los $ 300 millones - la obra pública aún no arrancó.
La que tiene todo listo para arrancar es Corporación América, de acuerdo a lo que manifestó a este medio el arquitecto Juan Giunta, quien hasta diciembre estuvo a cargo de la cartera de Desarrollo Urbano.
¿Puede haber reclamo judicial?
La ordenanza 12.077 dispone en el artículo 22 que: “Los Convenios tendrán un plazo de inicio de ejecución de las acciones acordadas no mayor a dos años, luego de los cuales, si no se ha iniciado la ejecución, el Municipio podrá resolver el Convenio sin que esto genere reclamo alguno". Pero el punto es que quien incumplió con el acuerdo fue la Muni, que no envió los planos ni determinó el lugar tal lo pactado. La empresa de Eurnekian lleva las de ganar y lo único concreto hasta ahora es que la saga del exBatallón aún continúa. (GL)