La problemática está clara… ¿y la “solucionática”? Desde la cámara plantean -desde lo paliativo- difundir esta distorsión a cada actor partícipe del sistema para generar un consenso social sobre lo grave de la situación.
Mirando a las soluciones de fondo, creen que sería una contribución importante disponer en el ámbito de la provincia de una regulación del quehacer pericial (un cuerpo médico forense especializado en el ámbito provincial, con remuneración fija para los peritos no vinculada al resultado del litigio ni a su monto), como así también la utilización obligatoria del Listado de Enfermedades de conformidad con lo estipulado en el art. 9º de la Ley 26.773.
La litigiosidad observada en Córdoba, lejos de ser un caso aislado, es una muestra de lo que ocurre a nivel nacional. Mientras que en el 2014 se iniciaron 88.567 juicios a nivel nacional, el pasado año la cifra trepó a 106.021, un 20% más. Y las proyecciones para este 2016 no son buenas, dado que se calcula que serán casi 122.628 los juicios iniciados, provocando que el sistema posea mayores gastos operativos con recursos que bien podrían destinarse a la prevención, capacitación y mayores prestaciones para el beneficio de la masa trabajadora nacional.
Desde enero de 2002, hasta marzo 2016, se presentaron judicialmente más de 586.000 demandas. La consecuencia directa de esta creciente conflictividad judicial es un aumento considerable de gastos operativos y de cobertura, que necesariamente se trasladan al costo laboral con su correspondiente impacto en la economía en su conjunto.
La UART describe esta situación como paradojal. Mientras la amenaza judicial contra las aseguradoras crece, no sólo los accidentes disminuyen sistemáticamente, sino que además se cubren cada vez más enfermedades y se pagan montos indemnizatorios más altos y en constante actualización.