El Gobierno está al borde de tomar una de las primeras decisiones fuertes en el área energética, que marcará su relación con multinacionales y empresarios poderosos del país.
La Secretaría de Energía reducirá la remuneración a las generadoras eléctricas para ahorrar unos u$s 350 millones en el año y restará una importante masa de ingresos a las empresas del sector.
Según publicó el portal EconoJournal el viernes pasado, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, tiene a la firma una resolución para pesificar la generación eléctrica (una promesa de campaña del presidente, Alberto Fernández), con efectos retroactivos al 1° de febrero.
Con esto, quitará ingresos por hasta 30% a empresas como la italiana Enel (controlante de la distribuidora Edesur), la estadounidense AES, y las locales Pampa Energía (en manos de Marcelo Mindlin) y Central Puerto (cuyos accionistas son Carlos Miguens, Eduardo Escasany y Nicolás Caputo, entre otros).
Tal como contó El Cronista el pasado 9 de diciembre, el nuevo Gobierno puede desdolarizar la mitad del sistema eléctrico.
Es que el costo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó en 2019 los u$s 8592 millones para tener potencia por 38.561 MW (hasta noviembre).
De ellos, hay 26.020 MW (el 67%) entre centrales térmicas e hidroeléctricas sin contrato, recibiendo ingresos por la Resolución 1/2019 por u$s 3823 millones (44% del total), de los cuales u$s 1370 millones es remuneración fija por potencia disponible.
Sobre estos últimos es el ajuste que aplicará el Tesoro, en la búsqueda de quedarse con u$s 350 millones y pagar en total cerca de u$s 1000 millones en ese ítem.
Las centrales termoeléctricas como Central Costanera, Dock Sud y otras perciben un promedio de u$s 68 por megavatio-hora (MWh), mientras que las hidroeléctricas binacionales como Yacyretá, Salto Grande y las locales Piedra del Águila y El Chocón, por ejemplo, reciben en promedio unos u$s 19 / MWh.
La reducción sería de 16% para las térmicas y de 45% para las hidráulicas, según confió a este diario el director de generación de una de las principales compañías del sector.
En tanto, habría una compensación en el precio de la energía (remuneración variable) durante seis meses al año para los ciclos combinados más eficientes que ayudan a cubrir las demandas de punta en invierno y en verano.
Los valores en pesos se ajustarán regularmente de acuerdo a un mix entre los índices de inflación mayorista (IPIM) y minorista (IPC).
La movida oficial tiene como objetivo cuidar la caja en una situación delicada: el 50% del costo de generación eléctrica está subsidiado y a medida que aumente el dólar (contenido ahora por el cepo cambiario) subirán las erogaciones del Estado nacional.
Las tarifas eléctricas están congeladas desde marzo del año pasado y seguirán así al menos hasta julio, en un contexto en el que el Gobierno ve inviable ajustar estos precios relativos mientras pide un esfuerzo a empresas y trabajadores para desindexar la economía.
La iniciativa no es original. Ya con la crisis desatada y con serias restricciones fiscales, el último secretario de Energía del macrismo, Gustavo Lopetegui, bajó mediante la Resolución 1/2019 en marzo un 15% los ingresos a estas centrales que se relacionan con el mercado spot.
"Se vuelve a impactar sobre la remuneración de las generadoras, lo que pone en riesgo la disponibilidad, y sigue sin aplicarse ninguna reducción a la carga impositiva que tanto peso tiene. En lugar de resolver la macroeconomía se interviene en la regulación energética. Es otra mala señal para quienes quieren invertir y ha quedado demostrado que, aún con tarifas congeladas, la inflación siguió aumentando mes a mes", cuestionaron en una empresa afectada.
"Creemos que puede ser un recorte muy importante, que el Gobierno lo venía anunciando desde antes de asumir. Esto es fácil de ajustar porque es un precio spot, sin contrato", analizaron en el área de Regulación de una generadora.
Pese a que hay un enorme malestar en el sector, fuentes consultadas por este medio también entendieron que "el Estado no puede subsidiar más a la demanda" y que "es mejor esta medida a que se siga desordenando la cadena de pagos".
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa) canceló hasta el momento apenas el 68% del costo de generación de noviembre (cercano a los u$s 700 millones), con 35 días de atraso.
La sociedad mixta está pagando fuera de término -la semana pasada debió liquidar diciembre- porque el Tesoro está retaceando fondos y porque las distribuidoras provinciales acumulan multimillonarias deudas -casi $ 30.000 millones a fines de 2019-.