“En esta primera instancia lo que detecta son los metabolitos de cocaína y de marihuana. Esas son las dos drogas que nosotros hemos trabajado”, comienza Liliana Montero, secretaria de Prevención y Atención en Salud Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. “Es un test que tiene una efectividad muy importante y que además se trabaja con una única muestra que nos permite en un primer momento hacer un screening y que si llega positivo se utiliza la misma muestra -porque es inviolable una vez que se adquiere- y esa misma muestra se envía hacia una segunda valoración para otro tipo de análisis de mayor profundidad”, explica Montero.
En definitiva, el test detecta consumo de cocaína y marihuana en los últimos 10 días. Al día de ayer, 366 funcionarios se lo habían hecho en el ámbito público. “No hemos tenido la situación de tener que enviar muestras para un segundo screening”, afirma Montero.
IN: ¿Eso significa que ninguno dio positivo?
LM: Hasta ahora, si bien nosotros no podemos dar los resultados individuales de cada funcionario porque hace al secreto profesional, no hemos enviado hacia el laboratorio una segunda muestra.
IN: ¿Es obligatorio para todos los funcionarios? ¿Para los empleados, también?
LM: No, no. Es obligatorio para los funcionarios hasta el ámbito de subdirector, es decir, para los funcionarios políticos. Eso es lo que abarca hasta el día de hoy y también para aquellos funcionarios que tienen responsabilidad en los entes descentralizados y también para concejales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba.
IN: ¿Y si alguno diera positivo?
LM: Nosotros no tenemos una acción punitiva. Lo que tenemos que entender es que el intendente lo que ha intentado con esta acción que se traduce en una ordenanza, es marcar un rumbo desde el Estado. La gente que consume nosotros entendemos que tiene un problema de salud, ¿me explico? Lo que se intenta es dar un mensaje claro, porque la gente que tiene un problema de consumo, lo primero que nosotros necesitamos es que esa persona entre en un tratamiento. Lo que también está claro es que aquel que está con un problema de consumo, está en convivencia con una persona que está en el delito, por lo tanto no puede estar trabajando para el Estado. Ese es el mensaje que desde la gestión queremos dar. Por eso se hace extensivo a los funcionarios. No estamos acá discutiendo si la persona que consume tiene capacidad para tomar decisiones o no tiene capacidad para tomar decisiones, acá lo que estamos discutiendo es si la persona que consume una droga ilegal está en vinculación con alguien que está vinculado al narcotráfico. Y por lo tanto, nosotros como dirigentes políticos no podemos tolerar dentro de nuestro gobierno esta situación.
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Darío Honnorat :
Exelente!!!