Aclaremos: la firma digital no es ni la firma escaneada, ni la huella digital ni una contraseña. Es el resultado de una operación matemática que se realiza en un programa (llamado certificado digital) que en Argentina brinda Encode y 5 empresas privadas más.
La ley de firma digital surgió en el 2000. Involucra cuestiones tecnológicas por lo que se auditan procesos, equipamientos, software, se exigen garantías y tras pasar todas esas pruebas, el postulante recibe la licencia estatal con validez de 5 años para otorgar certificado de firma digital.
Encode, que actualmente da empleo a más de 200 personas y cuenta con 350.000 certificados emitidos a 150.000 empresas, entre ellas, el grupo Clarín, Holcim, Telecom, Telefónica, Latam y Thomson Reuters, obtuvo su licencia en 2012 “haciendo camino al andar” por ser la primera.
“Así derribamos el mito que dice que somos un monopolio. Lo cierto es que fuimos los primeros y que desde 2012 a 2015 fuimos el único jugador privado; pero las condiciones estaban abiertas a todo el que quisiera postularse. Recién en 2015 se licenciaron otros 5 certificadores más”, explica Anibal Pardini, asesor legal de Encode.
El certificado es un programa que se puede bajar en la computadora (se envía por e-mail y la empresa lo descarga) o se puede alojar en un token (una especie de pendrive). Para firmar pide una clave (que la genera el propio usuario). Cada certificado va asociado a una firma y tiene una validez de 2 años (por una cuestión de seguridad).
Por software el precio oscila entre $ 700 y $ 10.000 (dependiendo del volumen de la documentación del usuario que haya que analizar). El token cuesta US$ 40.
La firma digital es obligatoria para algunos trámites y en algunas jurisdicciones como CABA, Entre Ríos y Córdoba (aquí el Ministerio de Trabajo lo exige).
Los vaivenes judiciales en torno al sistema de firma digital
“La Secretaría de Modernización del gobierno nacional (autoridad de aplicación) empezó a tomar decisiones que nosotros no entendemos”, confiesa Pardini. Entre ellas, la idea de subsidiar la firma de algunas empresas multinacionales.
Otra de las medidas fue la resolución 63/2018 que impedía firmar por software (tenía que usarse sí o sí el token). “Mientras que en Europa la Comunidad Económica Europea está tratando de facilitar el acceso al certificado digital (poniéndolo en la nube, por ejemplo) acá las medidas que se trataban de implementar iban en sentido contrario”, explica el asesor quien además hace la siguiente aclaración: “Si el estado me exige un token me pone un costo que es 10 veces superior y lo tengo que terminar soportando yo. Pero no solamente eso, me torna inviable la firma digital porque no tiene en cuenta que hay sistemas que están diseñados para que se pueda utilizar la firma digital siempre y cuando esté bajada en una computadora, con lo cual me lleva a un camino sin salida y a la imposibilidad de cumplir contratos con empresas de gran envergadura”.
Como solución, Modernización generó una plataforma para dar firma digital e instó a migrar todos los certificados a dicho sistema. “Ahí empezamos a pensar que había algún objetivo que no había sido compartido con los actores de firma digital”, opina Pardini.
Encode manifestó que al analizar la propuesta advirtió falencias; por ejemplo se les daba firma a personas fallecidas y la documentación debía ser enviada a la plataforma para ser firmada, regresando luego al usuario sin encriptar (Encode no toma contacto con la documentación ya que es confidencial; el usuario firma dentro de su compañía).
“Nosotros vendemos confianza y seguridad; entonces fuimos a la justicia y nos dieron una medida cautelar que nos permitía emitir certificados tanto por software como por token”, cuenta el abogado. Él cree que esto molestó y provocó que en agosto el Estado les revocara la licencia, aduciendo que al no usar los adminículos (tipo pendrive) estaban incumpliendo cuestiones de seguridad.
Finalmente en septiembre la Cámara Federal de Apelaciones falló a favor de Encode diciéndole al Estado que se abstenga de revocar la licencia y que le permita seguir operando como lo venía haciendo anteriormente.
“Esto no es una batalla contra Encode solamente; estas cuestiones afectan la suerte de la firma digital de Argentina. Tenemos la posibilidad de avanzar o de retroceder 20 años cuando no existía este sistema”, finaliza Pardini.
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