Una veintena de CEOs quedaron embargados y al borde de ir a prisión

Con un escrito de 558 páginas, el juez federal Claudio Bonadio procesó a una larga lista de empresarios y ex funcionarios por asociación ilícita y les fijó embargos millonarios en el marco de la causa que investiga la presunta red de sobornos mediante una asociación ilícita entre ex funcionarios del kirchnerismo y los hombres de negocios vinculados a la obra pública.

La lista de CEOs alcanzados e imputados por el pago de dádivas y cohecho se compone de una nómina corta con aquellos al que les alcanzó la prisión preventiva, y otra más amplia que todavía mantienen el beneficio de la libertad tras haber cooperado con la investigación que surgió a partir de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Entre los empresarios detenidos se hallan Néstor Otero, titular de TEBA S.A., empresa concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro; Carlos Mundín, de la constructora BTU; el gestor inmobiliario Raúl Vertúa; Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Sergio Taselli, junto con su hermano Alberto Taselli. También quedó en este estado el cordobés Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, quien desde la cárcel y a través de Twitter cargó contra Bonadio. Aparte de su situación, su socio Eduardo Antenor Acosta, si bien no fue procesado, quedó señalado por el magistrado para continuar siendo investigado.

Sin carcelación preventiva, pero con impedimento de salir del país, fueron procesados Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y propietario de la firma Esuco; Claudio Glazman, ex director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; Juan Carlos Goycoechea, abogado vinculado al grupo Isolux y de los primeros en atenerse a la figura del arrepentido; Ángelo Calcaterra, ex presidente de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, y Luis María Betnaza, director corporativo del grupo Techint, cuyo CEO, Paolo Rocca, quedó eximido de responsabilidad.

En la misma condición se hallan Armando Loson, del grupo Albanesi; Aldo Roggio, ex presidente del grupo Benito Roggio e Hijos, quien cedió la titularidad en favor de su hermana para no ver comprometido el futuro del holding luego de reconocer los pagos ante Bonadio; Juan Chediak, titular de la constructora José J. Chediack y ex presidente de la cámara empresaria de constructores.

En igual estado procesal quedaron, además, Alejandro Ivanissevich, ex titular de Emgasud, constructor de gasoductos en la Patagonia; Manuel Santos Uribelarrea, ex director de UCSA Energy, quien también se vio obligado, como Roggio, en ceder la capitanía de su firma en favor de su padre tras reconocer el pago de dádivas; Hugo Eurnekian, sobrino y heredero de Eduardo Eurnekian en la Corporación América; Enrique Pescarmona, de IMPSA; Gabriel Romero, dueño del grupo Emepa; Jorge Balán, de Industrias Secco; Hugo Dragonetti (Panedile) y el financista Ernesto Clarens, titular de Inverness.

En los fundamentos de su decisión, Bonadio reconoce haberse apoyado en los testimonios de Wagner, Roggio, Chediack y Romero para cotejar los cuadernos de Centeno y afirmar que, por iniciativa de la ex presidenta y sus colaboradores, se montó una asociación ilícita.

Por otra parte, el magistrado dictó la falta de mérito para Jorge Guillermo Neira, de Electroingeniería; Héctor Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa; Rodolfo Poblete, del grupo Romero; ex directivo de Techint, y Francisco Valenti, de Impsa.