El Gobierno mostró las cartas con las que apuesta a consagrar en 2021 una suba del poder adquisitivo de los salarios sin desentenderse del ambicioso objetivo de atar la inflación en torno al 29% a partir de negociaciones abiertas con el objetivo de alcanzar un acuerdo de precios y salarios.
La ciclópea tarea en la que está embarcado el gabinete económico de Alberto Fernández parte de la premisa de una intervención directa en la puja distributiva y los márgenes empresarios, para garantizar una suba de cuatro o cinco puntos del poder adquisitivo de los sueldos del empleo registrado formal, pero sin desatender la contención de los precios ni la accesibilidad a productos de primera necesidad, como desnudó la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que intimó a una docena de empresas alimenticias por presunto desabastecimiento.
Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas anunció la voluntad de convocar la próxima semana a los actores de la cadena de valor de la alimentación, la construcción, y los electrónicos y electrodomésticos, para "evitar descoordinaciones que se generan en varios mercados" y "ayudar a la desinflación".
El ministro que lleva el pulso de la economía real descartó un congelamiento generalizado, como el que se estableció al comienzo de la pandemia de coronavirus con la resolución que creó el Listado de Precios Máximos de Referencia, pero avisó que las subas deberán darse en el marco de "un trabajo de armonización".
La lucha por pisar precios y recuperar salarios, con las citadas premisas, será a costa de la ganancia de las empresas.
Consultado por los aumentos de combustibles y el traslado a costos, el ministro aseguró que "nadie está diciendo que vayamos a un escenario sin ningún tipo de desplazamiento de precios", aunque lo supeditó a "llegar a una inflación en torno al 29% o 30%".
Kulfas también reseñó que "el diálogo no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes", y dejó latente la posibilidad de seguir aplicando la Ley de Abastecimiento.
Sin embargo, cerca del ministro aseguraron que las intimaciones apuntan a garantizar stocks, y no a domar la producción con sanciones.
En las mesas sectoriales por abrir la próxima semana, el Gobierno apunta a detectar los estadíos de las cadenas de producción de cada uno de las industrias donde se producen picos que terminan afectando el precio final de los productos, y desde allí buscar soluciones que eviten un impacto en el valor final.
La veta que identifican es que en muchas actividades podrían incrementarse los bienes finales producidos sin generar costos adicionales, y así garantizar más rentabilidad por cantidad que por precio.
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