El Estado no tiene plata para nada. Ese es el mensaje que empezó a bajar el secretario de Energía, Darío Martínez, a las empresas privadas del sector en general y más en particular a las eléctricas.
Aún sin tener definiciones claras sobre el descongelamiento de las tarifas en 2021 (lo que más ocupa a las compañías y preocupa a los usuarios), en los últimos días el equipo del neuquino asumió en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y empezó a acelerar un plan para que las distribuidoras del país -públicas y privadas- cancelen una deuda que a fines de agosto superaba los $ 100.000 millones por la energía consumida.
El plan para regularizar las obligaciones está contemplado en el Artículo 87 del Presupuesto 2021, que tuvo media sanción la semana pasada en Diputados y ahora se debate en el Senado.
El extendido congelamiento de las tarifas, que lleva más de un año y medio, y el impacto de la pandemia quebraron la cadena sectorial de pagos.
La bajada de línea y la intención de solucionar con urgencia este tema parten de una necesidad fiscal: lo que las distribuidoras como Edenor, Edesur, la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, otras firmas de Mendoza, Río Negro y Misiones y las cooperativas de Chubut -entre otras- no le pagan a Cammesa se lo tiene que transferir con subsidios el Tesoro Nacional para que esta a su vez cumpla sus obligaciones con las generadoras eléctricas (AES, Sadesa - Central Puerto, Pampa Energía, Enel, YPF Luz, Albanesi, Genneia, MSU) y continúen las inversiones mínimas de mantenimiento.
Por esta vía el Ministerio de Economía ya devengó $ 263.013,81 millones (más de u$s 3600 millones) en lo que va del año, ya que lo que pueden recaudar las distribuidoras lo usan para pagar sueldos y costos fijos y se financian con Cammesa.
El problema viene acarreándose desde años atrás, pero estalló con la pandemia y la imposibilidad de cobrarle a algunos usuarios. A fines de 2019, la deuda solo llegaba a $ 30.000 millones.
Pero desde mediados de este año Edenor y Edesur dejaron de pagar la electricidad y debían hasta el 31 de agosto más de $ 11.000 millones cada una, al tope de la lista junto a la compañía santafesina.
Fuentes oficiales consultadas por El Cronista reconocieron que el tema es prioritario y que contemplarán los criterios para la adhesión de las empresas a planes de pago de acuerdo a las inversiones realizadas y por desembolsar, el cumplimiento anterior en las obligaciones con Cammesa y la cantidad de usuarios vulnerables -y, por ende, más difíciles de cobrar- que atienda cada distribuidora.
No obstante, el Gobierno no tiene certezas sobre el descongelamiento de las tarifas después del 31 de diciembre.
La intención del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, es que la relación entre subsidios y Producto Bruto Interno (PBI) se mantenga constante en 2021 -un 1,7% para la energía y otro 0,5% para transporte-, lo que implicaría un fuerte aumento en pesos para cubrir el costo monómico (mayorista) y el Valor Agregado de la Distribución (VAD), aguas abajo.
Si el dólar oficial se mantiene controlado, a fin de año los usuarios pagarán en torno al 40% del costo de la energía, mientras que el otro 60% será cubierto por el Estado Nacional. En abril de 2018, previo a la devaluación, la relación era cercana al 75-25%.
Eventualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría pedir un mayor ajuste en estos renglones del Presupuesto para llegar a un acuerdo para el repago de u$s 45.000 millones.
Las ayudas sociales destinadas para contener los efectos del nuevo coronavirus le otorgaron al Gobierno una valiosa base de datos para segmentar a los usuarios que podrían soportar incrementos por encima de la inflación y aquellos que necesitarán más auxilio estatal.
Martínez viene trabajando en ese sentido con Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Victoria Tolosa Paz, presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para discriminar y establecer criterios de inclusión y exclusión.
En el sector privado -confiaron a este diario- apostaban a que en diciembre tendrían novedades sobre aumentos de tarifas, pero esa expectativa se fue enfriando a la par de que el mismo Gobierno bajó el tono sobre el tema.
Anteanoche, Edesur presentó a sus inversores los resultados de la empresa y avisó que "por tercer trimestre consecutivo" registraron pérdidas, que acumularon $ 3509 millones en los primeros nueve meses del año.
"El sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", dijo Nicola Melchiotti, Country Managel de Enel Argentina, la firma italiana controlante de Edesur.
Para el verano, el propio Gobierno admitió que espera que crezcan la cantidad, duración y frecuencia de los cortes de luz, por el mayor consumo de energía en los hogares. La demanda se trasladó desde áreas comerciales como el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires hacia zonas residenciales del conurbano, lo que sobrecarga los cables.
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