El primer mes de gobierno de Alberto Fernández sumó ilusionados y desencantados en el sector energético, un área que podría atraer inversiones multimillonarias pero para la que todavía no se definió una política clara.
Entre la ansiedad y la desesperación, quienes llevan una larga trayectoria en las empresas privadas empiezan a imaginar un revival de la política energética imperante durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo dos etapas distintivas: congelamiento férreo de precios y tarifas entre 2003 y 2012, y una progresiva salida posterior con incentivos a la producción después de la estatización de YPF, aunque con tarifas aún congeladas y apagones masivos en los veranos hasta 2015.
Para petróleo y gas, el presidente Alberto Fernández les prometió el jueves a las compañías productoras el envío de una nueva Ley de Hidrocarburos, que complemente y/o suplante a la 27.007, sancionada en 2014.
Tendría reminiscencias del acuerdo suscripto entre YPF y Chevron en 2013 que motorizó las inversiones en la formación Vaca Muerta.
Aunque los detalles de ese convenio todavía hoy, a más de seis años de su concreción, no se conocen (es ultra secreto), el Decreto 929/2013 blanquea algunos beneficios: libre disponibilidad para el giro de divisas al exterior aún pese al control de capitales o cepo y exportaciones sin retenciones o con una alícuota menor.
La nueva Ley de Hidrocarburos, que elaboró el actual titular de YPF, Guillermo Nielsen, y que también tiene "bajo siete llaves" se tratará en el Congreso Nacional durante las sesiones extraordinarias de febrero.
"La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones", adelantaron fuentes del Gobierno.
En rigor, el oficialismo intentará poner en un pie de igualdad tributaria y regulatoria a todas las cuencas productoras y hacer viables las inversiones en el convencional (que dinamizaría la actividad en Chubut, en medio de una grave crisis provincial) y en la actividad off shore (Costa Afuera, en el Mar Argentino).
También podría extenderse la adenda del acuerdo laboral de Vaca Muerta a todo el país, mientras que se podría sancionar un nuevo marco regulatorio para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a gran escala.
El espíritu Chevron que tendría la nueva Ley de Hidrocarburos alimenta un déjà vu en los sectores regulados, como el transporte y la distribución de gas y electricidad.
Allí, recuerdan que Kirchner asumió en 2003 con la promesa de congelar las tarifas por solamente 180 días, al igual que su entonces Jefe de Gabinete, pero siempre se les corrió el arco y el congelamiento duró 12 años.
Aunque en el Gobierno juran que el congelamiento de las tarifas es por "hasta 180 días" y que se puede alcanzar una solución incluso antes que a mitad de junio, cuando vence ese plazo impuesto por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, en las licenciatarias de servicios públicos desconfían.
Los antecedentes hablan por sí mismos: los ingresos de estas empresas en términos reales fueron cayendo rápidamente por la devaluación de 2002 y la inflación que se aceleró en 2006 mientras las tarifas permanecían en el freezer.
En respuesta, las compañías dejaron de pagar el gas a las productoras y dependieron del Estado Nacional para extender sus redes.
En abril de 2006 se dictaminó el primer incremento de las tarifas, que no fue generalizado sino direccionado a la única empresa que negoció: Gas Natural BAN. Se dispuso un ajuste de 27,5% en sus ingresos, pero que recién fue efectivizado al año siguiente, en 2007.
Por aquel entonces, sin una Revisión Tarifaria Integral (RTI), proliferaron las "actas acuerdo", que fueron negociaciones individuales. Los accionistas más duros llevaron sus casos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Ya en 2017, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso un sendero de suba de tarifas compatible con la necesidad de ingresos de las transportistas y distribuidoras de gas a cambio de que olviden sus reclamos ante el Estado en el CIADI, que totalizaban unos u$s 3400 millones.
En el oficialismo saben aquel viejo axioma que reza que a un congelamiento es fácil entrar pero es difícil salir y por eso prometen celeridad en el asunto.
Fuentes empresariales que participaron de una reunión hace diez días con el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, vieron una buena recepción en la Secretaría de Energía.
Allí, les comentaron que en el Gobierno plantean salir de esta situación mirando hacia adelante, al futuro.
Es decir: que se olviden de lo perdido por el congelamiento electoral que determinó el ex presidente, Mauricio Macri, que paró el aumento programado de las tarifas de octubre 2019, en el caso del gas, por la cercanía con las elecciones presidenciales.
Desde abril del año pasado, cuando se hizo el último ajuste, el margen del transporte y la distribución acumuló un atraso superior al 40%, que las licenciatarias deberían llevar a pérdida para mantener una buena relación con las autoridades y ajustar sus ingresos a partir del segundo semestre de 2020 con un índice de inflación esperada para los meses siguientes.
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