Gobierno, empresas y gremios definen aumento clave para anclar la inflación y ajustar la ayuda social

EZEQUIEL CHABAY

Con la inflación carcomiendo el poder adquisitivo y un panorama desafiante para contener los precios de los alimentos, el Gobierno abrirá este miércoles el debate para definir una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cuyo movimiento marcará la pauta con la se espera el desarrollo de las discusiones paritarias en otras actividades, y moverá en igual sentido la inversión del propio Estado en prestaciones sociales.

Con el dato de inflación de febrero ya dado a conocer por el Indec, el ministerio de Trabajo convocó a los 16 representantes del sector empresarial y a los 16 restantes de extracción sindical que componen el Consejo del Salario para debatir una mejora del haber mínimo, que desde febrero es de $ 33.000.

Debiendo intervenir solo si no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno se inclina por fijar una recomposición en torno al 40%, apenas por encima de la banda inferior de inflación oficialmente proyectada y acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que arranca en el 38% y tiene un topo del 48%.

En la antesala de la convocatoria virtual pactada para las 15 del miércoles, el sector gremial dejó entrever que pedirá un 50% de aumento.  Así lo afirmó Hugo Yasky, secretario general de la CTA e integrante del Consejo del Salario, con la intención de "acercar el salario mínimo a los $ 48.000".

También la CGT se mueve en la misma senda. Desde el edificio de calle Azopardo indican que el aumento debe orillar el 50% y la primera cuota, rondar el 20%. 

Pero el sector empresario está lejos de aceptar tal cual las cosas. Algunos protagonistas dejaron entrever que "además de la inflación, hay que contemplar las perspectivas reales de la economía", como una forma de moderar el reclamo salarial, al que quieren incorporar todo un telón de fondo compuesto por las perspectivas del impacto local de la inflación global, las dificultades logísticas y los cortes de suministro que ya está imponiendo la invasión rusa a Ucrania.

Pese a la reserva con que se manejan, los privados ofrecerían un incremento en torno al 40%, a tono con la pauta oficial del Gobierno, y un margen para moverse "hasta dos puntos porcentuales más". 

La discusión pasa por establecer cuándo fijar los tramos de aumento, y para qué mes fijar una revisión. Los empresarios no quieren dar en abril más del 10%, porque eso acercaría el salario inicial básico de algunos convenios al salario mínimo y crisparía los ánimos cuando comienzan las paritarias de mayor escala. Por eso, apuntan a elevar escalonadamente el haber mínimo a $46.000.

Las subas del salario mínimo alcanzan a alrededor de 1.100.000 trabajadores. 

LA PATA SOCIAL, PRESENTE

Frente al desafío de ir reduciendo el déficit fiscal, como exige el Fondo, la convocatoria al Consejo del Salario toma otro cariz, a la vista del impacto que su movimiento tiene en las partidas sociales que eroga el Estado.

Atado a la dinámica del salario mínimo se ajusta el programa Potenciar Trabajo, que hoy llega a más de 1,1 millón de beneficiarios tras un notorio repunte de las inscripciones en 2021, y equivale a la mitad del salario mínimo. Otros programas dependen directa o indirectamente de este haber, como lo son las Becas Progresar, o el programa Acompañar, del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre otros. 

Ahora, el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, cerró el grifo de las altas y trabaja para llevar paulatinamente a esos beneficiarios hacia actividades registradas. Sin entrar en la discusion, tanto aquí como en la ANSeS, a cargo de la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta, miran con atención el desenlace de las deliberaciones.

La discusión convocada por la cartera laboral, pese a ser virtual, iba a ser acompañada por movilizaciones de organizaciones sociales, que finalmente desistieron de movilizar, recibiendo señales positivas en vísperas de la cita. La dirigencia territorial reclama que el salario mínimo crezca por encima del 50%. 

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los informales, reclamaron "un aumento razonable" ya que este sector "está apenas superando la línea de indigencia y bajo la línea de pobreza", a la luz de la canasta básica para un adulto sólo y sin tener en cuenta el grupo familiar, que ronda los $ 25.400.