Ocho de cada diez empresas constructoras considera que el medio aguinaldo de junio debería abonarse en cuotas, pero más allá de la forma de pago, hay gran preocupación en el sector por el nivel actividad y los problemas de caja.
A sólo unos días de tener que pagar la cuota semestral del Sueldo Anual Complementario (SAC), el 31% de las firmas del sector aún no tiene claro de dónde saldrá el dinero para afrontarlo. Una parte importante esperaba poder contar con la asistencia de los ATP para el aguinaldo, una alternativa que ya fue descartada por el Gobierno nacional.
Ahora les queda tomar más deuda bancaria o pagarlo con recursos propios, en ambos casos con poco margen de acción.
En una actividad en caída libre desde 2018, que estuvo paralizada por dos meses desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio y que después empezó a moverse aunque con mucha lentitud, las perspectivas a futuro no son muy alentadoras.
Las suspensiones de personal en el marco del convenio con la UOCRA continuarán. El 37% de las firmas estima que seguirán al menos hasta agosto. Además, ante el escenario de los próximos tres meses apenas 21% cree que habrá mejora en la actividad, mientras que 66% prevé que "la producción del próximo semestre será un 50% o menos de lo esperado a comienzos del año".
Los datos surgen de la última encuesta sectorial, encargada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la que trabajó la consultora Marketing & Estadística. El relevamiento alcanzó a casi 300 empresas constructoras de todo el país, entre el 12 y el 16 de junio.
El estudio describe un panorama complejo en esta actividad, sacudida por el freno de la obra pública ya desde mediados de 2019, que está retomando de a poco su ritmo -protocolo mediante- en las obras de carácter nacional, no así en provincias y municipios, con notoria escasez de recursos.
En mayo el 46% de las empresas no presentó ningún presupuesto u oferta y el 66% de las obras, públicas y privadas, con contratos vigentes al 31 de mayo, registró algún tipo de atraso.
Hay 22% de obras paralizadas, otro 21% con demoras por razones ajenas a las constructoras y apenas 34% tienen un desarrollo normal. En ese contexto, el 11% de las obras está neutralizadas o en proceso de rescisión de contrato.
En ese universo de obras con ejecución pendiente de contratos, las obras públicas se llevan la mayor parte. No hay precisiones pero fuentes del sector estiman que hasta un 75% de ellas corresponde a obras a cargo del Estado en los tres niveles, nacional, provincial y municipal.
Además, el atraso en los pagos que se dio en muchas obras por dificultades presupuestarias e incluso el cambio de gestión en diciembre, frenó los procesos de redeterminación de precios, impactando en las cuentas de las constructoras.
"Una obra pública tienen una rentabilidad promedio del 10% en el mejor de los casos, pero con una inflación del 50% hay muchos procesos de redeterminación de precios en curso y se complica", señaló Iván Szczech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción. La redeterminación de precios se gatilla cuando la inflación se dispara por encima del 5% desde la vigencia del contrato.
Consultado sobre el riesgo de cierre de empresas, Szczech explicó que "es probable pero no estamos viendo un panorama desolador en ese sentido". Sin embargo, aclaró que las empresas "van a quedar muy golpeadas en capital de trabajo, éste es el fondo de la cuestión para el día después".
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