El gabinete económico del Gobierno nacional definió este fin de semana que redoblará los controles sobre las empresas que solicitaron ayuda para el pago de salarios o bien los beneficios de la postergación y reducción de contribuciones patronales, en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) lanzado para limitar las consecuencias negativas en las que se sumió la economía argentina por el freno la actividad, a causa de la pandemia de coronavirus.
A través de una decisión administrativa rubricada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el Poder Ejecutivo validó la decisión adoptada por el ministro de Economía, Martín Guzmán; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el tituar de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que lideran el comité de evaluación y monitoreo del programa ATP.
El acta de la última reunión del comité, con fecha 16 de mayo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, precisa que todas las empresas beneficiarias del pago del salario complementario quedan sujetas a los requisitos fijados en una acordada interior que estableció el impedimento de distribuir utilidades, recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación en el extranjero, por el corriente año.
Según pudo saber este diario, del universo de 420.000 compañías inscriptas, unas 230.000 ya obtuvieron ayuda del Estado y podrían ser incluidas en este nuevo mecanismo de fiscalización.
En la misma reunión del sábado pasado, el Gobierno definió extender la inhibición de actividades financieras para grandes empresas con más de 800 empleados por dos ejercicios fiscales, con lo que tendrán observada su actividad en el mercado bursátil hasta fines de 2021, tal como ya contó El Cronista.
El gabinete económico también estableció que, al efecto del control de los requisitos establecidos para la percepción del salario complementario y sin importar el tamaño de la firma, la AFIP remitirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores la nómina de beneficiarios "para que efectúen las acciones de control que guardan relación con sus respectivas competencias".
Aún con las distancias del caso, la decisión tiene similitudes con el proyecto de la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, quien propuso que los subsidios que el Estado otorga a grandes grupos empresarios sean a cambio de participación en el capital de esas compañías.
La oposición lo calificó directamente como una iniciativa que asemejaría la legislación con el régimen venezolano, pero la economista K se defendió asegurando que "si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo están haciendo las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".
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