Un presupuesto de casi $ 100.000 millones administrará el Ejecutivo en cinco cajas trascendentes para Alberto Fernández. Se trata del monto global que incluye a estamentos estratégicos como la Agencia Federal de Inteligencia, la Procuración General, la Justicia Federal, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Y, también, de una previsión de fondos realizada en su momento por el macrismo, que seguramente revisará el nuevo gobierno en los próximos meses, Congreso mediante.
Sólo en materia de inteligencia, se gastarán en todo 2020 poco más de $ 10.000 millones, que no comprenden solamente la estructura de la AFI, sino también de otras jurisdicciones donde se utilizan fondos en ese concepto.
La Agencia Federal de Inteligencia, por caso, percibirá durante el año que viene $ 3642 millones. La Gendarmería Nacional, por caso, utilizará $ 1682 millones, mientras que el Estado Mayor del Ejército, $ 1145 millones, y la Policía Federal $ 1667 millones. Todos esos fondos, en distintos programas de cada una de esas áreas, son girados para gastos en cuestiones relativas a la inteligencia. Sumado a otras erogaciones que surgen de Defensa, la Armada, la Prefectura y la Fuerza Aérea, el presupuesto global supera los $ 10.000 millones.
Con el nombramiento de Cristina Caamaño como interventora, la AFI revisará unas 700 designaciones que se realizaron en el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de la mitad de la planta total de la ex SIDE, por lo que se espera que haya un recorte de funcionarios.
Otro lugar clave que el gobierno de Alberto buscará potenciar es la Procuración General de la Nación, donde postuló a Daniel Rafecas, a la espera de que lo confirmen en el cargo con aval de dos tercios del Senado. El presupuesto central para el sector será de $ 15.857 millones, al que se añaden otros $ 26,5 millones.
Alberto Fernández con la ministra de Justicia Marcela Losardo
Como jefe de los fiscales, en caso de ser ratificado, Rafecas tendrá un rol importante, ya que coordinará el trabajo en Comodoro Py y en las diferentes procuradurías, a la vez que tendrá relacionamiento directo con la Corte Suprema. El vínculo del juez con sus pares cortesanos es sólido a partir de su trabajo como juez federal actual. Se espera, en ese sentido, una mejor sintonía que la tuvo la Corte en su momento con Alejandra Gils Carbó, la última procuradora designada en el Congreso de la Nación, durante el kirchnerismo.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, mantendrá un presupuesto acotado a sus funciones internas, que se proyectó a finales del año pasado en $ 1682 millones e incluye a 1385 cargos. De allí surge el dinero con el que se le pagan los sueldos a los empleados del máximo tribunal.
La Justicia Federal tiene, en sí, un presupuesto abultado, de $ 68.533 millones, ya que abarca a todos los tribunales del país, que se nuclean bajo la órbita presupuestaria del Consejo de la Magistratura.
Además de los fondos citados de la Corte, sobresalen $ 1184 millones exactos para el manejo de la propia Magistratura. Para inteligencia, exactamente, se presupuestaron $ 1096 millones de la Dirección de Captación de Comunicaciones, la conocida "oficina de escuchas" que pasó a la órbita cortesana tras estar en la Procuración General.
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