La tercera "ronda" del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido al comienzo del aislamiento para sostener a la población de menores recursos a lo largo y ancho del país, se comenzará a pagar en los primeros días de agosto y entonces comenzará a regir el tiempo de descuento para la que será la última transferencia de $ 10.000 del Estado a los más de 8,8 millones de beneficiarios.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional y abonada a través de la ANSeS llegará a su fin luego de abonarse por tercera ocasión a la totalidad de la población alcanzada, siendo que su vigencia estaba atada a la permanencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo pasado, y cuya continuidad el Gobierno está decidida a desandar ante las señales de agotamiento en la población -y sin duda, en la economía.
"El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia", sostuvo el ministro coordinador durante un reportaje con Página/12.
El IFE fue formalmente anunciado tres días después del inicio del confinamiento social, y se lo presentó como un paliativo para trabajadores desocupados o informales (en negro), pequeños comerciantes, monotributistas de las categorías más bajas (A y B), personas inactivas y beneficiarios de la AUH y la AUE.
Una medida con costos imprevistos
El entonces titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, anticipaba que la medida alcanzaría a unos 3,6 millones de titulares y hogares, habiéndoselo pensado como una suma por núcleo familiar. La realidad pasó por encima las previsiones del expresidente del Banco Central y le devolvió al Estado una base más o menos acabada de casi 5 millones de argentinos al margen de la economía formal.
Semejante erogación presupuestaria -superará los $ 265.171 millones en sus tres pagos- y los problemas añadidos para cubrir en el corto plazo las necesidades de los beneficiarios terminaron por decretar el desplazamiento de Vanoli del mando de un organismo cuya caja es terreno codiciado del poder político. La tarea de agilizar el cobro y lidiar, ahora, con su discontinuación recayó sobre Fernanda Raverta, exministra de Desarrollo Social bonaerense y compañera de militancia en La Cámpora del gobernador Axel Kicillof.
Al anunciar el fin del IFE, Cafiero sostuvo que esta suma extraordinaria se debe "ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica", y recalcó que el beneficio monetario permitió que "los sectores de más bajos recursos no cayeran en la pobreza y en la indigencia", aunque también subrayó que esa suma fue, en otros casos, destinada a financiar microemprendimientos. Según estimaciones de la cartera de Economía, el IFE impidió que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos quedaran impedidos de cubrir sus necesidades básicas.
El futuro de la ayuda social
Pese a sus palabras taxativas, en el Gobierno no se animan a "dar por muerto" el IFE, aunque sí reducir la población beneficiaria a las regiones que continúen impedidas de retomar la actividad -tal como se sugirió semanas atrás, aunque se descartó por la presión de los gobernadores- o bien reconvertir los montos transferidos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que están desesperadas por el déficit fiscal que acumulan desde la irrupción de la pandemia, o bien a través de créditos para el sector productivo, de manera de asegurar que no continúen menguando los puestos de trabajo y el cierre de empresas.
La tercera variante, impulsada desde la cartera de Desarrollo Social y su titular, Daniel Arroyo, pasa por reconvertir el IFE en una "renta básica universal", como también proponen organizaciones de base y líderes sociales. Según blanqueó el ministro días atrás, de la base de datos con la que se hizo el Estado se desprende que casi 3 millones de beneficiarios que viven en la informalidad difícilmente puedan revincularse rápidamente con el mundo laboral pospandemia.
Ayer, el presidente dejó abierta esta puerta al ser consultado en una entrevista radial. Alberto Fernández subrayó que "hay millones de argentinos al margen de la economía, con una preocupación", aunque advirtió que un mecanismo como el que se pretende impulsar "demanda de grandes empresarios y representantes otras corporaciones", a los que "exigirles una política más inclusiva y que contenga a todos" ya que "nadie puede estar tranquilo viviendo en un país con 40 puntos de pobreza".
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