El viernes las instituciones de salud privada de Córdoba, levantaron la voz de alerta.
La coyuntura por la que pasa el país, hizo que la situación se complicara aún más para un sector que ya “venía mal”.
Por eso, en el marco del 10º Encuentro de Gestión Estratégica y Perspectiva de Salud, el doctor Juan Gras, presidente de Aclisa (Asociación de Clínica, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba) y director general del Hospital Italiano; y el doctor Mario Hornik, presidente de Caescor (Cámara Empresarial de la Salud de Córdoba) y de Sanatorio Aconcagua, declararon la emergencia sanitaria. La descripción de la situación, en primera persona.
“El país entró en una situación de crisis y ha generado un impacto financiero muy grande. Teniendo en cuenta que este sector financia sus prestaciones a la seguridad social (con cuatro meses de espera para poder cobrar), más el impacto salarial, y el que generaron los insumos y medicamentos dolarizados, todo llevó a una situación muy crítica”, disparó Juan Gras.
-¿De cuánto fue el aumento en el sector?, preguntamos.
-“Nos venden medicamento con remito, no nos dan el precio y lo vamos a tener que pagar cuando ellos tengan que reponer. Nos venden a precio abierto, y nosotros no podemos dejar de contar con esos insumos porque son parte de la atención”, respondió el doctor.
Y añadió: “Justo tuvimos una paritaria, que si bien quedó retrasada con la devaluación, para las empresas de salud significa un impacto muy fuerte. Y los valores que se están negociando de las prestaciones, recién los vamos a cobrar en dos meses. Eso hace que sea una tormenta perfecta”.
Por su parte, Mario Hornik explicó que: “Una de las enormes dificultades que tenemos es que nosotros no podemos trasladar el precio. Por ejemplo, los insumos, normalmente forman parte de lo que son los módulos prestacionales. Y no podemos modificar los módulos porque tenemos contratos que son preestablecidos. Los que ponen las reglas son los financiadores, quien compra los servicios, nosotros no somos formadores de precio. Nosotros trabajamos para la seguridad social y en menor medida prepaga. Los precios se deben rediscutir pero es un proceso de negociación lento. Se hace muy difícil manejar el precio e impacta directamente en el costo y es muy difícil compensar esto con los precios que demoran mucho tiempo en acomodarse y siempre quedan retrasados”.
Ambos coinciden en que el sector tiene un componente salarial muy grande y significa “75% del gasto. Porque aparte de los salarios de los trabajadores que están afiliados al sindicato de sanidad hoy tenemos una asalarización de parte de los médicos también y esto trae aumento en las cargas sociales, que se hacen imposibles de sostener”.
Con instituciones que tienen entre 500 y 600 empleados, el factor impacta directamente en los presupuestos.
Además, cuentan que no tienen un espacio de diálogo en el ámbito político.“Nosotros no estamos incluidos dentro de las políticas generales de salud. Porque nos consideran empresas privadas. En realidad nosotros somos efectores públicos de gestión privada, trabajamos para la seguridad social. Atendemos al 60% de la población que tiene cobertura y se atiende en el sector de la medicina privada. Pero no tenemos un espacio desde donde se diseñan las poltìcas públicas”.
¿La solución?
“Si proponemos salvarse cada uno yo creo que va a ser muy difícil. Creo que hay que tener una actitud empática y que hay que buscar una situación de consenso entre los diferentes agentes del sector de la salud privada (prestadores, financiadores, el estado y hasta el usuario entender que tiene cuidar a este sistema porque en definitiva le está dando salud)”, concluyó el doctor Mario Hornik.