La entidad realiza estudios (regularmente) para los países miembros (36) y para algunos países que no son miembros pero que consideran claves por su importancia estratégica para la organización. Son generalmente países grandes como Brasil, China, India, Indonesia y ahora Argentina (que pidió formalmente el acceso al organismo internacional).
Es el segundo informe que “el club de los países honestos” (como lo llaman) elabora para nuestro país. Ayer, en el aula Bordó de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC fue presentado por primera vez fuera de Buenos Aires, por Jens Arnold y Robert Grundke, economista senior jefe y economista de la OCDE, respectivamente.
“Nosotros estamos trayendo una visión desde afuera a los problemas y desafíos que presenta la economía argentina”, aclaró Jens Arnold, economista a cargo de Argentina y Brasil en OCDE.
No proponen un fórmula mágica, sino un conjunto de medidas que ya han implementado otros países para resolver problemas semejantes. El estudio abarca desde políticas macro hasta cuestiones micro.
“En el 2015 se iniciaron numerosas reformas. Para cosechar los frutos de estas reformas es importante no solo no revertirlas sino también continuarlas, porque aún queda mucho camino por recorrer”, señaló Arnold.
Entre el conjunto de recomendaciones, según nos dicen la prioridad en este momento es fomentar una mayor inserción de la economía argentina a la economía mundial. Y para eso sugiere:
- Reducir barreras arancelarias y no arancelarias, primero en bienes de capital e insumos intermedios.
- Impulsar programas de formación para adultos y formación profesional (para facilitar la transición de los empleados de un sector a otro)
- Reducir las barreras regulatorias a la iniciativa y a la entrada al mercado.
Además, con respecto a las mejoras en las políticas macroeconómicas y la gobernanza económica, proponen:
- Ampliar la base del IVA reduciendo las exenciones o las tasas especiales.
- Disminuir la deducción básica del impuesto a las ganancias.
- Eliminar la exención del impuesto a las ganancias de los funcionarios del poder judicial.
- Reforzar la independencia del Banco Central y que el Poder Ejecutivo no tenga poder para designar su máxima autoridad, excepto en casos de faltas graves.
- Reforzar la autonomía operativa de la Oficina Anticorrupción.