El crédito en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), surgió con el objetivo de reducir el déficit habitacional. Pero el instrumento “funciona” en un escenario de estabilidad económica e inflación controlada. Y las cosas no se dieron así.
“Si pediste $ 1.000.000 en 2017 hoy debés $ 2.000.000 incluyendo la plata que ya pagaste”, dispara Irazoqui.
El sueño de la casa propia de los tomadores de crédito hipotecario hoy está empañado por las elevadas cuotas, que en algunos casos se duplicaron.
Hoy hay más de 16 proyectos de leyes de emergencia para tratar de solucionar el problema pero la Cámara de Diputados no está sesionando. Entre ellos se encuentran los proyectos del diputado nacional por Córdoba Juan Brügge y de la diputada nacional Mónica Macha, ambos son apoyados por la abogada Julia Irazoqui que representa al colectivo de hipotecarios UVA de la provincia de Córdoba Autoconvocados. “El diputado Brügge ha presentado un proyecto, que a mi criterio es bastante superador con respecto a los anteriores”, señala la abogada.
¿Qué proponen?
-Modificación del índice CER por uno “un poco más amigable”, como el Índice de Variación Salarial. “Estamos en una discusión de si es constitucional o no la indexación del capital. Nosotros tenemos una ley, que es la 23.928, que prohíbe expresamente la indexación del capital por un índice. La ley que crea el sistema UVA extirpa estos contratos. Según mi criterio particular es una inconstitucionalidad: o se pueden indexar todos los contratos o ninguno”.
-Un tope para las cuotas. “Estamos solicitando que se garantice lo que los spot publicitarios, el BCRA y todos los bancos difundieron: que la cuota no iba a superar el 25% de los ingresos de los tomadores de créditos”.
En Córdoba son 10.780 los créditos hipotecarios UVA que se otorgaron desde las diferentes entidades, aunque predominan los entregados por el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Córdoba.
Irazoqui destaca además la falta de información y las cláusulas abusivas por parte de algunas entidades bancarias como el pago de seguros y el ensamblado de tarjetas de crédito.
Hasta el momento llevaron adelante amparos en la Justicia Provincial y una acción de clase en el Fuero Federal junto a la Fundación Club de Derecho, que es una ONG cordobesa sin fines de lucro, que busca proteger los derechos del consumidor. Están a la espera de las resoluciones.