En la resolución se consigna un pasivo de $ 2.079 millones con 20 acreedores quirografarios y un total de 645 acreedores a los que se les enviará carta certificada para notificarlos (a $ 510 cada una), lo que obliga solo en este concepto a un pago de $ 329.000 en gastos de correo.
En los fundamentos que llevó a pedir el concurso, José Vicente Ramón Porta explica “en apretada síntesis que la demanda cayó en los últimos años, los costos se incrementaron y las utilidades bajaron en porcentajes hasta caer incluso por debajo del punto de equilibrio empresario, a lo que se adiciona el costo financiero bancario del setenta u ochenta por ciento anual, sin parangón a nivel mundial, de allí la necesidad de la vía concursal; expresa que la cesación de pagos corresponde a los dos últimos dos meses en razón de la negativa de los acreedores bancarios de facilitar refinanciaciones auténticas lo que llevó inexorablemente a impedir atender los pasivos corrientes en forma normal con los activos disponibles, transformándose tal situación en permanente e insuperable; que Porta Hnos dejó de atender los pasivos instrumentados en cheques el pasado día diecinueve de julio del 2019; que al día siguiente el H. Directorio resolvió la presentación concursal por ser tal hecho, revelador de la cesación de pagos y el día veintidós demandó la apertura de su concurso preventivo”.
Ante esta situación, el magistrado decidió “librar oficios a la Dirección Superior de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Córdoba (U.O.S.P.), Dirección Nacional de Migraciones, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional a fin de que tomen razón de la prevención que prescribe el art. 25 de la Ley N° 24.522, respecto de los integrantes del Directorio de la sociedad concursada (José Vicente Ramón Porta, Diego Andrés Porta, Fernando Antonio Porta, Augusto Edgar Gallardo y Patricio José Walter Beato) a cuyo fin deberá transcribirse la norma citada en las comunicaciones a cursarse a cada una de las citadas autoridades. Hácese saber al mencionado que, en caso de ausentarse del país por un tiempo inferior a cuarenta días corridos, deberá cumplimentar el recaudo que prevé la normativa concursal citada y presentar a las autoridades correspondientes la comunicación efectuada al Tribunal, y, en caso contrario, requerir la pertinente autorización judicial.
Pero quizás lo más llamativo está en la última parte de la resolución donde se establece: “Hágase saber a la Sindicatura que deberá formalizar una revisión inicial del establecimiento industrial de la concursada, relevando instalaciones, procesos productivos y tratamiento dado a la eliminación de los residuos industriales; asimismo, en oportunidad de la presentación del informe previsto por el artículo 14 inciso 12 L.C.Q., deberá analizar si se da cumplimiento a los requisitos que las normas particulares de derecho ambiental exigen, pudiendo requerir la información pertinente a la autoridad de aplicación de la Ley N° 10.208. A su vez, en oportunidad del Informe General (art. 39 inc. 3° L.C.Q.), la Sindicatura deberá incluir, como previsión, la posible generación de daños ambientales y su posible incidencia como pasivo”.
Como se recordará, Porta Hnos. SA fue señalada por vecinos y ambientalistas por supuestas irregularidades en su centro fabril, acusaciones que siempre fueron rechazadas de plano por los empresarios que -además- certificaron la compañía como Empresa B, un sello que distingue a empresas que equilibran el afán de lucro con las buenas prácticas sociales y ambientales.
Sobre la empresa
Porta Hnos. SA, con domicilio en Av. Ciudad de Valparaíso n.° 4890 fue fundada en 1882 y fue la primera fábrica de licores del interior del país; en la actualidad, cuenta con 490 empleados.
Ver la resolución judicial aquí.