Si a este escenario se le suma los servicios de deuda y los roll over intra sector público "se tiene que el BCRA debería asistir con mayor emisión monetaria al Tesoro Nacional por alrededor de $ 410.000 millones, lo cual supondría una suba interanual nominal del orden del 93% en la Base Monetaria (BM)".
El trabajo de la Fundación Mediterránea incluye consideraciones sobre pro y contra de la emisión de cuasimonedas provinciales.
Pro de las cuasimonedas:
Desde la perspectiva de los gobiernos provinciales (y municipales), con la emisión de cuasimonedas podría compensar la caída en recaudación tributaria y el mayor gasto en salud que se avecina en próximos meses, evitando recortar (o morigerando), el ajuste en el resto del gasto público. A su vez, las provincias podrían coparticipar a sus municipios las cuasimonedas que emitan, para que también sostengan su gasto público y cumplan con sus obligaciones inmediatas.
La existencia de cuasimonedas permitiría adaptar su emisión a las necesidades fiscales de cada provincia, ya sea por los problemas que le cause la pandemia u otro motivo. Con eso lograrían mayor autonomía, respecto a la alternativa de recibir ayudas directas del gobierno nacional. De hecho, si el gobierno nacional no distribuye la asistencia a provincias con criterios objetivos, ello daría lugar muy probablemente a que algunas de ellas decidan emitir cuasimonedas, pues considerarían que fueron políticamente discriminadas en un contexto económico inédito como el que se transitará en próximos meses.
Si bien la emisión de cuasimonedas provinciales más probablemente llevaría a que coticen bajo la par, más bajo mientras mayor resulte su emisión respecto al PBG provincial, se trataría de un costo político que quedaría a cargo de los gobernadores, lo cual podría conducir a que su uso se lleve a cabo con cierta moderación.
Contras de las cuasimonedas:
En el año 2001, cuando varias provincias emitieron cuasimonedas, se encontraba vigente la Ley de Convertibilidad, por la cual existían restricciones a la emisión de pesos por parte del BCRA. Sólo podía hacerlo contra aumento de sus reservas en dólares. De esa manera, el BCRA no podía proveer liquidez aun en un contexto muy recesivos para la actividad económica. Actualmente, no existen restricciones legales para emitir dinero extra en el BCRA, más que las que impone la realidad a través del aumento previsible en la tasa de inflación. Desde este punto de vista, no se justifica la emisión de cuasimonedas en este contexto, siempre que el gobierno nacional asista en esta coyuntura crítica con mayores transferencias a las provincias (y éstas a sus municipios), durante los meses de mayor caída en la recaudación, financiado con mayor emisión del BCRA, sin discriminar entre provincias, con un criterio objetivo de asignación entre jurisdicciones locales.
Si el problema económico agravado por la pandemia resulta transitorio, relativamente breve, entonces sería conveniente que la mayor emisión la realice el BCRA, que puede responder más rápido que las provincias con la emisión de cuasimonedas. Éstas llevan tiempo para ser legalmente aprobadas, requieren tiempo para ser diseñadas y para que finalmente se emitan, de modo que podría ocurrir que, cuando estén listas para su uso, haya transcurrido buena parte del problema económico causado por la pandemia, y por ende ya no se justifique su emisión. Además, una vez solucionado el problema económico que causa la pandemia y sus restricciones asociadas, las provincias más probablemente querrían seguir emitiendo y utilizando cuasimonedas, cuando ya no se justificaría.
Los gobiernos provinciales seguramente supondrán que, como ocurrió en 2002, el rescate de las cuasimonedas será realizado finalmente por el BCRA, lo que podría exacerbar la emisión de aquellas, esperando que la Nación luego las cancele. Si se emiten cuasimonedas en exceso, cotizarán bajo la par, lo que agravará el proceso inflacionario en forma indirecta. Teniendo en cuenta que en estos meses está ocurriendo una caída de la oferta de bienes, por las medidas de aislamiento social impuestas, cebar demasiado la bomba de emisión de pesos y cuasimonedas podría exacerbar las presiones inflacionarias y/o faltantes de bienes, especialmente cuando se pase la peor parte de la crisis y perdure el exceso de dinero en la plaza.
Cada provincia podría considerar que su propia emisión de cuasimonedas resultará una pequeña porción del total emitido (si el resto no emite mucho), y suponer que así no afectará demasiado los precios de los bienes, y posiblemente excediéndose en su emisión individual. Lo mismo podría esperarse de la emisión consolidada de todas las provincias. Por esta razón, resulta conveniente la emisión centralizada de moneda por parte del BCRA.
No se justifica la emisión de monedas en este contexto, pero por supuesto, el gobierno nacional debería asistir a las provincias con mayores transferencias durante los meses críticos de abril y, quizá, mayo, financiadas con emisión del BCRA, sin discriminar a ninguna, con un criterio objetivo de asignación entre dichas jurisdicciones locales. Si no se diera tal asistencia y objetividad en la asignación de mayores recursos nacionales a provincias, las jurisdicciones perjudicadas tendrían una excusa para emitir cuasimonedas, desordenando adicionalmente la economía, agregando costos de transacción. Resulta conveniente mantener el monopolio de la emisión en el BCRA, pero en este período de crisis compartiendo una porción de su poder de señoreaje con los gobiernos provinciales, y emitiendo la menor cantidad posible de dinero, tal que permita amortiguar el efecto de la pandemia y la cuarentena sobre la economía con la menor inflación extra posible.
¿Y una cuasimoneda digital para empleados públicos?
Dado que, como consecuencia del problema sanitario y las restricciones derivadas, en esos meses posiblemente caería más la oferta (OA) que la demanda agregada (DA) de la economía, más que intentar volver a la DA inicial, durante este período de mayor crisis y restricciones, convendría que el gobierno nacional intente morigerar el impacto distributivo del hecho que algunas empresas (y sus trabajadores) siguen con igual actividad, mientras que otras la disminuyen drásticamente. En consecuencia, podría ser conveniente que el gobierno se dedique a morigerar más que a evitar la caída en la DA durante estos meses con restricciones de aislamiento social, con compensaciones hacia las empresas y trabajadores “perdedoras” en la coyuntura, por un lado, y gastando menos en sus erogaciones evitables, por el otro (salarios públicos que no corresponden a salud o seguridad o similares, inversión pública que no sea en salud, etc.).
Se trataría de aceptar que, como la oferta será menor, al menos por unos meses, lo mejor que se puede hacer desde el gobierno es redistribuir recursos “al interior” de la demanda agregada, en que algunos son compensados. Emitiendo más dinero, pero minimizando dicha emisión, para lo cual ayudaría especialmente una reducción transitoria en la masa salarial del sector público en sus tres poderes del estado, por un período de 2 o 3 meses, que podría instrumentarse, por ejemplo, como un “ahorro forzoso” para las remuneraciones altas del sector público. Podría pagarse una porción creciente de las remuneraciones estatales de esos meses, a partir de un determinado piso, con un bono estatal que venza a partir de 2021, que no podría utilizarse para pagar impuestos ni para hacer compras de bienes en el mercado. Esto es, no se trataría de una cuasimoneda, sino de un bono estatal colocado de manera forzosa entre una porción de los agentes públicos, con mayores salarios, durante 1 a 3 meses de 2020. Dicho bono podría ser emitido por el gobierno nacional, y constituir así un préstamo a los gobiernos provinciales, a cancelar desde el año 2021, con descuentos de la coparticipación federal de impuestos.