“Acá vino gente que se dedicó a robarle a los cordobeses y a los argentinos. Fadea fue una caja política en la que sólo hubo anuncios rimbombantes pero que no produce nada”, ese es el diagnóstico que traza la interventora de la exFábrica militar de Aviones, la riojana Cristina “Nany” Salzwedel.
Asegura que la fábrica tiene 1.600 empleados y que el gobierno “trabaja en un plan para buscarle trabajo a todos”, admitiendo que una muy buena porción de ellos no realiza tarea alguna pese a las promesas de construcción del Pampa III, la remotorización del Pucará o el Z11 Catic, un helicóptero chino que costó US$ 5 millones pero que aún no vuela por falta de certificación.
El despilfarro y la falta de controles era tal, según Salzwedel, que en los libros de Fadea figura el ingreso de 1.500 m3 de hormigón pero sólo 490 fueron usados en la fábrica. “El resto se utilizó para hacer política”, dice la dirigente del radicalismo riojano y anticipa que hará las denuncias correspondientes cuando Delloitte le entregue la auditoría completa.
Uno contra los que apuntarán esas denuncias es Raúl Argañaráz, un hombre del kirchnerismo que estuvo al frente de la fábrica desde mediados de 2011 hasta diciembre de 2013 y que fue “echado” por La Cámpora, agrupación que dirigió los destinos de la empresa estatal hasta hace 3 meses.
La interventora y APA - el gremio estaba en Fadea antes de la llegada de Argañaráz, quien optó por “armar” otro (STA) para hacerle contrapeso- aseguran que el expresidente hizo ingresar entre “700” o “más de 500” operarios, de acuerdo la fuente que se tome. “Casi todos por su color político”, dicen.
La auditoría dice, además, que durante esa etapa “hubo contrataciones irregulares” y recuerda que el directorio lo responsabilizó por el desvío de $ 300 millones.
Argañaráz desmiente esa versión pero no da números de cuántos empleados ingresaron: “nuestra política de capital humano se llamó ‘meritocracia’, fuimos transparentes en nuestra gestión y nunca le preguntamos a nadie de qué partido político era”, aseguró en una entrevista a Radio Shopping 96.1.
Sostiene que durante su gestión “Fadea volvió a ser fábrica” y que nunca inició un proyecto “sin garantizar la logísitica de producción”.
El secretario general del gremio de APA, Luis Ortega, en tanto, afirma que “no hay gente que esté sin trabajar” y que todo se trata de “una operación para trasladar a la opinión pública que la fábrica es un desastre para que ellos (NdR: la actual conducción) haga un desastre”.
Por lo pronto, el Ministerio de Defensa ya comenzó el recorte de gastos: unos $ 33 millones en horas extras otros $14 millones en Servicios de Comisión (viajes, viáticos, teléfonos celulares, etc) y presentará un plan de jubilaciones anticipadas para casi 200 operarios de más de 60 años que le permitirá ahorrar, dicen desde esa cartera casi $ 135 millones.
Pero eso no es todo: dio de baja las tarjetas de crédito corporativas asignadas a directores y gerentes, rescindió contratos con profesionales y la Universidad de San Martín ($1 millón), bloqueó 11 “cajas chicas de $10.000 cada una y suspendió todas las órdenes de compra de servicios tercerizados (herreros, carpinteros, soldadores) por unos $4 millones anuales.
Para Salzwedel poner en equilibrio los números de la fábrica demandará al menos 3 años. Pero ella no será la encargada de eso sino el extitular de la UIC y presidente de Manfrey, Ercole Felippa. La tarea de que la fábrica despegue finalmente será -sin dudas- el gran desafío de su carrera empresarial. (GL)